“Honduras no se Zede” es la respuesta mayoritaria de la sociedad hondureña ante la inminente implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en diferentes lugares del país. Estas zonas, definidas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras como áreas del territorio nacional que están sujetas a un “régimen especial” y donde los inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, no han pasado desapercibidas por las sociedad civil hondureña.

Cuando se enteró que un proyecto hidroeléctrico amenazaba el río de su comunidad, Alba Domínguez, integrante de Sociedad Civil San José, cambió las máquinas de costura por reuniones, plantones y otras acciones de protesta. “Solo me quedaba tiempo en las noches para costurar. Poco a poco, fui perdiendo clientes porque las horas no me alcanzaban y finalmente, tuve que dejar mi trabajo”.

“Además de asesinarnos, no investigan quién lo ha hecho”. Organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras se expresan así ante una impunidad superior al 90% en crímenes de odio.

El 2020 ha sido un año marcado no solo por el COVID-19 y una cuestionada gestión de la emergencia sanitaria sino también por el paso de los huracanes ETA e IOTA.

El pasado mes de noviembre, Honduras se sometió a su tercer Examen Periódico Universal (EPU). Entre los avances más aplaudidos, se encontró la creación del Mecanismo Nacional de Protección (Mecanismo en adelante), derivado de la Ley de Protección Nacional, que nació como seguimiento a las recomendaciones realizadas en el anterior ciclo EPU en 2015.

“En las comunidades de Colón no queremos seguir siendo parte de las caravanas de migrantes”. Desde la Coordinadora de Organizaciones del Bajo Aguán (COPA) en el Departamento de Colón explican que varias personas de la comunidad de Guapinol ya han sido desplazadas de sus hogares como producto del conflicto con la empresa minera Inversiones Pinares; algunos bajo amenazas de muerte, otros por temor al futuro.

María Felicita López es una lideresa indígena feminista del Departamento de La Paz, Honduras y trabaja en la organización Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH). Desde hace muchos años es activista para los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el medio ambiente en el departamento que la vio nacer. En La Paz actualmente hay 4 concesiones hidroeléctricas y al menos 26 planes de manejo y permisos ambientales para la explotación de madera.

“Va a seguir lloviendo sobre mojado. La tierra ya no aguanta tanta agua”. Así se expresaba en Twitter el pasado lunes 23 de noviembre la lideresa afrodescendiente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Y no le faltaba razón. La madrugada siguiente, la ciudad de La Lima, en el norte de Honduras, volvía a inundarse por cuarta vez en dos semanas.

Andrea Regina Pineda es abogada en Honduras y está comprometida con la defensa de la tierra y los derechos humanos en la organización Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). Durante el mes de octubre, participó en una gira virtual en la que mantuvo reuniones con varias autoridades europeas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que examinará la situación de derechos humanos en Honduras durante este mes de noviembre.