“Va a seguir lloviendo sobre mojado. La tierra ya no aguanta tanta agua”. Así se expresaba en Twitter el pasado lunes 23 de noviembre la lideresa afrodescendiente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Y no le faltaba razón. La madrugada siguiente, la ciudad de La Lima, en el norte de Honduras, volvía a inundarse por cuarta vez en dos semanas. El agua que dejó sobre el país esta temporada ciclónica, especialmente tras el paso de los huracanes ETA e IOTA, hicieron que los ríos Chamelecón y Ulúa crecieran considerablemente. Las primeras lluvias del mes de noviembre se llevaron por delante el Canal Maya y los bordos de contención que protegen esta ciudad situada casi en la costa caribeña. Ya sin esa protección, el agua, el lodo y las piedras ocuparon viviendas y cosechas. Una imagen que se repitió en todo el Valle de Sula.
Hasta hace varias décadas, ríos como el Chamelecón y el Ulúa, que forman parte de la gran red hidrográfica de Honduras, eran incluso aptos para la navegación durante todo el año. Sin embargo, en algunas zonas se han convertido en quebradas que, en los meses de verano, se pueden cruzar caminando. Hasta que vienen lluvias como las de las últimas semanas.
Cada vez son más los expertos que, junto a otros factores, vinculan estos desbordamientos de ríos e inundaciones con la deforestación. Según explica Héctor Orlando Portillo, biólogo de la Fundación de Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad, “esto ocurre como consecuencia de la deforestación en las partes altas, medias y bajas de las cuencas donde nacen estos ríos. Uno de los factores para que esta acción se dé, es la problemática social y económica de nuestra población, como consecuencia de la desatención de los gobiernos que eternamente les han marginado”. De acuerdo con datos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, en los últimos sesenta años se han deforestado en Honduras alrededor de 1.2 millones de hectáreas. Solo en los últimos 20 años, se habrían perdido entre 23.000 y 58.000 hectáreas anuales.
El ingeniero especialista en Manejo y Gestión de Catástrofes Naturales de Orden Hidrológico, Juan Mejía, explicó a Radio Progreso que Honduras es un país cuyo 77% de su geografía es montañosa pero con la tala de árboles las montañas han perdido su capacidad de retención de agua. Según va perdiendo su cobertura boscosa, se producen deslizamientos, erosión y los ríos acaban arrasando todo lo que encuentran a su paso. Esto es precisamente lo que ha pasado en el Valle de Sula, donde las grandes extensiones de monocultivos de arroz, caña de azúcar y, en menor medida, banano han contribuido también a estos efectos. “Si las montañas del centro y el occidente del país están debidamente reforestadas, los suelos van a ser más resilientes y van a tener capacidad para retener el agua y luego ir liberándola poco a poco”. En este sentido, Juan Mejía, también responsable del área de investigación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señala que “la política forestal no solo tiene que ver con los precios de la madera; tiene que ver con lo que los bosques significan para estas serranías”.
“Tenemos que exigir a las empresas depredadoras que están destruyendo la naturaleza, que paren ya. ¿Cómo no se van a desbordar todos estos ríos si arriba, donde las fuentes de agua, no solo vive gente sino que hay proyectos que destruyen los bosques”, denuncia Miriam Miranda mientras recuerda que Honduras necesita que los bosques puedan captar el agua de la lluvia y ahí repose antes de bajar a las zonas bajas donde vive la gente. Miranda se refiere también al cambio climático ante el que Honduras es uno de los tres países más vulnerables de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch de 2018.
La lucha por los bosques
Junto a la deforestación, desde el MADJ se refieren también a otras prácticas empresariales como las construcciones a gran escala y en zonas no aptas para habitar, la extracción desmedida de minerales, la adulteración y cambios de dirección en los cauces de los ríos que, aseguran “están vinculadas a un modelo económico que despoja y asesina a quien se opone a estas prácticas”. De hecho, según el informe de Global Witness (2019), hoy en día Honduras se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo – por asesinato per cápita– para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Estas personas son víctimas de la mayoría de los casos de violencia, difamación y criminalización. Si atendemos a las cifras proporcionadas por la Vía Campesina, actualmente en Honduras hay un total de aproximadamente 7,000 personas criminalizadas, 1,700 de las cuales son mujeres.
Una de estas mujeres que enfrenta amenazas e incidentes por su defensa del territorio es María Felicita López, indígena feminista del Departamento de La Paz. Desde su municipio, Santa Elena, lleva años defendiendo el patrimonio natural de los intereses hidroeléctricos vinculados de una diputada del Congreso Nacional de Honduras. Desde hace tiempo trabaja también para evitar los más de 26 planes de manejo y permisos ambientales para la explotación de madera que actualmente existen en su departamento. “El Instituto de Conservación Forestal (ICF) los otorga sin consultar a las comunidades y pueblos y sin averiguar el impacto ambiental que esto va a tener sobre las fuentes de agua de las comunidades”, explica Felicita López.
Precisamente para evitar este aumento de la deforestación, y conscientes de la importancia de defender la tierra y el territorio, organizaciones campesinas como la CNTC y la Vía Campesina presentaban el pasado mes de febrero la propuesta de Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal para el Combate de la Pobreza. Entre las propuestas de este documento se encuentra “un plan masivo de reforestación con preferencia en las zonas de reserva y cuencas hidrográficas productivas de agua a nivel nacional”. De esta forma, evitar que, una vez más, llueva sobre mojado.