A finales de 2019, el Gobierno de Honduras anunciaba la asignación a las Fuerzas Armadas de más de 1.000 millones de lempiras (casi 42 millones de dólares) para el manejo del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PCM 52-2019), desarrollándose el programa al margen de la institucionalidad agraria en el país. La respuesta de las organizaciones campesinas no se hizo esperar: “El Gobierno le está pagando favores a los militares”, denunciaban desde la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Desde la regional de La Paz explican que las mismas instituciones que les acosan, agreden, gasean y los desalojan, quieren llegar ahora en forma de aliados: “eso no lo vamos a aceptar pues hay una desconfianza acumulada durante los años anteriores”. Por ese mismo motivo, añaden, no quieren “sus semillas transgénicas que vienen a contaminar nuestras tierras”.
El proceso de remilitarización de la esfera civil no es nuevo. El golpe de Estado de 2009 ya supuso una ruptura del Estado de Derecho y en 2011, a través de la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el entonces presidente del Congreso y hoy presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, autorizó al ejército a desempeñar funciones policiales y de seguridad ciudadana. Un decreto que en un mismo día se sancionó y se publicó en el Diario Oficial, tan solo 5 días después de ser aprobado, “lo cual refleja una eficiencia pocas veces vista en los Poderes del Estado”, explica Fernando García, ex Ministro de Economía. Sobre dicho Consejo, también reaccionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, al poner en duda la independencia e imparcialidad de los demás poderes del Estado.
Funciones de seguridad ciudadada
Otro de los momentos más significativos de la remilitarización en Honduras fue la autorización al Ejército a desempeñar funciones policiales “con carácter temporal” y en “situaciones de emergencia”, autorizado mediante el Decreto Ejecutivo de Emergencia en Materia de Seguridad (PCM-075-2011). Una ley que, prorrogada en múltiples ocasiones, ha ido atribuido cada vez mayores poderes a las Fuerzas Armadas.
Posterior a dicha ley, vino, también aparentemente con carácter temporal, la creación de la Policía Militar del Orden Público, más conocida como PMOP (Decreto 168-2013). Hoy funciona como el brazo policial de las Fuerzas Armadas con el propósito de “mantener y conservar el orden público así como acudir en auxilio de la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional”. Tras iniciar con 1.000 efectivos repartidos entre Tegucigalpa y San pedro Sula, en 2016 contaba con 6 batallones de más de 500 efectivos cada uno y, para 2017 eran ya más de 5.000. En la actualidad se desconoce si existe un plan para su desmantelamiento.
La unidad policial especial militarizada TIGRES (Unidad Especial de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad), fue creada también en 2013 (Decreto 103-20139). Entrenados por las “Boinas Verdes” de Estados Unidos, están encargados de fortalecer la acción institucional del Estado para combatir la inseguridad. Y aunque esta unidad hace parte del cuerpo policial, sus miembros van siempre vestidos con ropa camuflada, portan armas de largo alcance y tienen equipo de comunicación especializado. Organizaciones de sociedad civil identifican a los TIGRES y al PMOP como unidades con funciones híbridas de seguridad ciudadana como el patrullaje de calles y carreteras y de agentes del orden en manifestaciones públicas y en la protección de empresas mineras e hidroeléctricas en caso de conflictos con las comunidades.
Un año más tarde, en 2014, se crea la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), un cuerpo de élite conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Dirección de Inteligencia, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia entre otros. Con el objetivo de combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común, de la FUSINA surgen diferentes fuerzas para trabajar en campos específicos como la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), creada en 2018. Así hasta un total de 19 diferentes unidades policiales y militares, cada una con tareas que en ocasiones se difuminan con las de otras unidades.
Frente a esta situación, en 2018, la por entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país, María Soledad Pazo, hacía énfasis en la necesidad de desmilitarizar la seguridad pública: “Esto es algo que venimos diciendo desde que llegamos; no se puede continuar con una Policía Militar que no está entrenada para hacer tareas de Policía Civil, porque los riesgos de violaciones a derechos humanos son altos”. En la misma línea se expresaba en 2016 la Comisión Contra la Tortura, quien mostraba su preocupación por la normalización de la militarización de la seguridad pública. Unas preocupaciones que se sustentan en los informes anuales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) donde se puede ver como año tras año hay denuncias por malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias, homicidios, allanamientos y asesinatos por parte de estas fuerzas.
Entran en las escuelas y las cárceles
La remilitarización de Honduras no se limita a tareas de seguridad ciudadana; durante este periodo también se ha producido la entrada de las fuerzas armadas en esferas civiles. Por ejemplo, en 2012 se asignó a los militares la administración del programa Guardianes de la Patria, a través del cual incursionaban en escuelas públicas inculcando ideas militares, cívicas y religiosas lo que, para organizaciones de la sociedad civi resulta “bastante inquietante”.
A finales del 2019, tras decretar un Estado de Emergencia en el sistema penitenciario por la muerte violenta de varias personas dentro de los centros penales, el Ejecutivo otorgó a las Fuerzas Armadas los poderes sobre las cuatro cárceles de máxima seguridad en Honduras. Y aunque, de nuevo, esta situación era temporal, la situación no se ha revertido. Además, según estadísticas, no ha contribuido a disminuir las violaciones de derechos humanos, como lo demuestran las, al menos, 8 muertes violentas en centros penitenciarios en lo que va de 2021, según expresa Migdonia Ayestas coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV–UNAH). Ante esta situación, desde la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana advierten que la militarización del sistema penitenciario incumple estándares internacionales de derechos humanos. Desde organizaciones de sociedad civil, como ACI Participa advierten que esta militarización del sistema penitenciario “no generará ningún cambio” y que aunque es necesario una intervención “debe ser de parte de la sociedad civil”. El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos crueles Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), lamentó “que se sigan suscitando hechos violentos en los llamados centros de máxima seguridad, en donde es evidente la ingobernabilidad que impera”. En estos centros penitenciarios, “la intervención militar no han sido respuesta” expresó su titular Glenda Ayala.
El presupuesto crece
Estas nuevas tareas asumidas por las Fuerzas Armadas han conllevado un aumento en el presupuesto. En 2020, el presupuesto de la Secretaría de Defensa fue de 344 millones de dólares, 8 millones más que en el presupuesto de 2019. Además, entre 2016 y 2018, este presupuesto aumentó un 7,2% algo que, a juicio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), “pone en tela de juicio la firmeza del compromiso del Gobierno de avanzar de manera constante hacia la seguridad civil”. En la misma línea, desde la CIDH recalcan que “la historia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos”. Además, OACNUDH observa con preocupación que la prevención de la violencia aparece como una prioridad baja, ya que se le asigna menos del 6 % del monto de la tasa de seguridad. En este contexto, existen también muchas dudas sobre la forma en la que las Fuerzas Armadas han gestionado este dinero ya que la información sobre esta gestión es un Secreto de Estado de acuerdo con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos.
“Los militares están fungiendo en temas de telecomunicaciones, en temas de energía eléctrica, en temas de justicia... Además, vemos que esta militarización pretende profundizarse con la petición del gobernante de turno en la que solicita más presupuesto para policías y las Fuerzas Armadas”, concluye la abogada y defensora de derechos humanos Reina Rivera.