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Alertas y pronunciamientos

PBI firma la carta conjunta sobre la resolución relativa a los defensores de los derechos humanos que se está negociando en la Asamblea General de la ONU.

 

El documento destaca las amenazas emergentes a las que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos: la represión transfronteriza, la violencia facilitada por la tecnología, softwares espía y otras formas de vigilancia ilegal, la inteligencia artificial, las responsabilidades de las empresas tecnológicas.

 

En anticipo a la próxima votación, desde PBI consideramos importante mostrar el amplio apoyo de la sociedad civil a la resolución y animar a los Estados a defender las normas de derechos humanos acordadas previamente frente a cualquier intento de debilitar el texto mediante enmiendas.

La Red EU-LAT y 39 organizaciones reaccionaron a la publicación del informe final de la GIEI sobre el caso de Berta Cáceres, firmando una carta pública en la que solicitan mayores garantías en las inversiones respaldadas por la UE para prevenir violaciones de derechos humanos.

Este informe subraya la preocupación recurrente por el uso ilícito e impune de recursos inicialmente destinados al desarrollo. En el contexto actual de creciente implementación de los proyectos de la Iniciativa Global Gateway, la estructura del poder económico no debe construirse a expensas de los derechos humanos.

Por lo tanto, la Red y las organizaciones firmantes instan a la UE a apoyar la implementación de las siguientes recomendaciones:

  • Instar al Estado de Honduras a implementar las recomendaciones de la GIEI para garantizar la justicia, las garantías de no repetición y la reparación.
  • Reglas vinculantes de debida diligencia para todos los proyectos de la Iniciativa Global Gateway.
  • Mecanismos independientes de supervisión y denuncia para las comunidades afectadas y los defensores de derechos humanos.
  • Mecanismos de reparación efectivos cuando las instituciones financieras de desarrollo hayan contribuido a daños a los derechos humanos.

El pasado 12 de enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Honduras, instalado para investigar el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y delitos conexos, presentó su informe final* en el que concluye que la violencia perpetrada contra Berta y la comunidad indígena lenca de Río Blanco compromete la responsabilidad del Estado de Honduras, actores empresariales e instituciones financieras. Desde Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Honduras consideramos que los hallazgos presentados por el GIEI representan un paso fundamental hacia una justicia reparadora para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y para la comunidad de Río Blanco, pero recordamos a la comunidad internacional que el camino hacia una reparación integral no está exento de riesgo.