Cuando se enteró que un proyecto hidroeléctrico amenazaba el río de su comunidad, Alba Domínguez, integrante de Sociedad Civil San José, cambió las máquinas de costura por reuniones, plantones y otras acciones de protesta. “Solo me quedaba tiempo en las noches para costurar. Poco a poco, fui perdiendo clientes porque las horas no me alcanzaban y finalmente, tuve que dejar mi trabajo”. Reconoce que la lucha le ha supuesto un desgaste económico, físico y familiar: “como consecuencia de nuestra oposición al proyecto, incluso trataron de imputarnos cargos falsos”. Sin embargo, una década después y a pesar de que la hidroeléctrica ya está funcionando, se siente satisfecha.
La llegada de la hidroeléctrica Aurora I al municipio de San José (Departamento de La Paz, Honduras) se remonta a 2009. En plena crisis política postgolpe de Estado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó, la Ley General de Aguas, con la que se abría la posibilidad de concesionar los recursos hidrícos del país a terceros. De manera simultánea, se calificó como zona productiva de agua determinadas zonas de La Paz. Ya en 2010, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica cedió permisos a la Empresa Inversiones La Aurora por un periodo de 30 años. “Así llegó el proyecto Aurora I, para lo que se concesionó un total de 102 kilómetros cuadrados en cinco municipios de territorios lenca”, explican desde Sociedad Civil San José, organización que lideró la oposición a esta hidroeléctrica en el municipio. Añaden que el proceso se culminó con el permiso de operaciones concedido por la municipalidad: “siempre tuvimos sospechas de que se utilizaron firmas de otros asuntos para legitimar este proyecto por parte del pueblo”. No existió ningún proceso de consulta previa, libre e informada, “lo que supone una violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, argumentan las organizaciones sociales presentes en la zona.
Desde que se enteraron del interés de construir esta hidroeléctrica por parte de la diputada nacionalista y por entonces vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, Gladys Aurora López, Sociedad Civil San José empezó a organizar multitud de reuniones, asambleas, cabildos… con el objetivo de aumentar el nivel de conciencia de la gente sobre los impactos del proyecto. Sin embargo, enfrente tenían a una empresa que comenzó a hacer promesas a las comunidades afectadas: “Se les prometió luz gratis, agua, vivienda, escuelas, una ambulancia… Pero la verdad es que la empresa no ha cumplido prácticamente nada”. Solo recuerdan la construcción de un espacio para realizar celebraciones religiosas.
Impactos directos
“Por el contrario, los impactos de la construcción de esta hidroeléctrica fueron muy fuertes y la escasez sigue siendo la misma en un departamento que tradicionalmente ha sido uno de los más pobres del país”, explican desde Sociedad Civil San José. Al menos 50 familias se vieron forzadas a vender sus tierras para la habilitación de la hidroeléctrica y cientos de ellas se quedaron sin acceso a agua potable al reducirse el caudal en la parte alta del río Chinacla. “Hay mujeres de comunidades de la montaña que tiene que caminar hasta 2 horas para conseguir agua para consumir”. Además, la llegada de este proyecto tampoco ha asegurado la electricidad en el municipio. En 2018, todavía el 49% de la población no tenía acceso a electricidad del alumbrado público. “Ni siquiera con los derrumbes tras el paso de los huracanes ETA e IOTA la empresa ha sido capaz de ser solidaria”, añaden.
Lo que sí que trajo este proyecto hidroeléctrico fue un aumento de la conflictividad en la propia comunidad y con la municipalidad. Incluso varias personas integrantes de la lucha tuvieron que abandonar sus hogares durante una temporada tras recibir amenazas de quemar sus casas “por oponerse al desarrollo”.
Mirando al futuro
Pese a estas situaciones y pese a que la hidroeléctrica Aurora I está en funcionamiento desde 2018, desde Sociedad Civil San José reconocen que la lucha mereció la pena: “No nos arrepentimos porque estamos del lado correcto. Eso sí, tuvieron que pasar 10 años par que la gente fuera consciente de que nos estaban engañando”. Además, creen que su lucha ha servido para concientizar a la gente: “San José no logró que la hidroeléctrica no se instalara, pero sí nuestro ejemplo de organización y resistencia podrá evitar que otros proyectos avancen”. Al decir esto, desde Sociedad Civil San José tienen en mente las decenas de comunidades que han han quedado organizadas al tener que incluir en su día a día acciones coordinadas de defensoría de su territorio y de sus bienes comunes ante la entrada de proyectos hidroeléctricos. Y aquellas que tendrán que hacerlo tras el anuncio del Gobierno de priorizar la construcción de catorce represas (PCM 138-2020).