“Honduras no se Zede” es la respuesta mayoritaria de la sociedad hondureña ante la inminente implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en diferentes lugares del país. Estas zonas, definidas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras como áreas del territorio nacional que están sujetas a un “régimen especial” y donde los inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, no han pasado desapercibidas por las sociedad civil hondureña. Advierten que se trata de la venta del territorio, la soberanía y los derechos de todas las personas hondureñas y, que su instalación, desencadenará graves afectaciones sociales, económicas y medioambientales.
Sin embargo, las ZEDE no son una novedad. La idea de estas zonas especiales surge con fuerza en el contexto del Golpe de Estado de 2009 y, desde el primer momento, recuerda a las políticas extractivistas de despojo territorial de décadas pasadas como los enclaves mineros y bananeros en el país. En ellos, menciona el sociólogo Pablo Carías, “se les daba una serie de privilegios a las empresas bananeras, ya que no pagaban impuestos por la importación de cualquier equipo, ni siquiera por el uso de tierras, maderas, agua, para la construcción de sus instalaciones”.
En 2011 se aprobó la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (REDs) que permitió la creación de las llamadas “ciudades modelo”. En octubre de 2012, la ley fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo aque se estaban modificaban aspectos “irreformables” de la Constitución, como el de la soberanía hondureña, la negación de la gobernanza sobre estas zonas y la creación de poderes paralelos al gobierno. A pesar de esto y tras un movimiento del Legislativo cuestionado destituyendo a varios magistrados de la Corte Suprema, la Constitución se modificó en junio de 2013 y el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
Afectaciones a los DDHH
Desde el Gobierno de Juan Orlando Hernández aseguran que gracias a la instalación de las ZEDE, Honduras se convertirá en el polo de desarrollo económico de Centroamérica al abrir sus puertas a los mercados mundiales “con reglas altamente competitivas, estables y transparentes”, así como en un centro de creación de numerosos empleos. Sin embargo, la sociedad civil asegura que su implementación podría implicar graves riesgos al respeto y garantía de los derechos humanos.
El principal impacto al que se refieren las organizaciones de la sociedad civil es el cese de la soberanía. “Podríamos llegar a ser extranjeros en nuestro propio país”, explica a PBI Honduras Fernando García, Exministro de economía y exvicepresidente del Banco Centroamericano de Intengración Económica (BCIE), quien añade que, a su vez, las ZEDE podrían complicar todavía más la lucha contra la corrupción. Por su parte, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) asegura que las ZEDE van a suponer la privatización y venta del territorio y los bienes comunes y naturales al capital extranjero, que tendrá plena autonomía en la administración de servicios públicos, sistema de justicia y penal. Se refieren también a impactos sociales (como el desplazamiento forzado, el aumento de la conflictividad y violencia, pérdida del patrimonio cultural, migración, así como mayor represión a las acciones ciudadanas) y a impactos ambientales (como la deforestación, contaminación, la pérdida de biodiversidad y la destrucción de zonas naturales protegidas). Y lejos de favorecer el desarrollo económico, tal y como argumentan los impulsores de esta idea, desde la CNTC enumeran fuertes impactos económicos de las ZEDE como un aumento de los niveles de pobreza debido a la pérdida de los medios de vida como el agua, las playas y los bosques, y una economía subordinada a intereses del capitalismo mundial.
Además, existen dudas de que las ZEDE atiendan a la necesidad de combatir la pobreza: “no hay garantía de que los más pobres se beneficien, son zonas de explotación donde solo interesa el desarrollo económico de ahí”, además de limitar en numerosas ocasiones el acceso a la tierra y/o el mar para la subsistencia. “El puerto de La Ceiba ya no va a ser de los ceibeños”, aseguran desde el Frente Común contra las ZEDE.
Sin información ni consulta
Actualmente, se encuentran en funcionamiento tres ZEDE principales en el país: Ciudad Morazán (Choloma), Orquídea (Colón) y Próspera (Islas de la Bahía). Además, existen otras ZEDE de las que la sociedad civil asegura que “no hay ningún tipo de información”, como las ZEDE de Mariposa, catalogada como futuro “santuario de salud” por las investigaciones y prácticas médicas que allí se van a realizar. En su mayoría, las zonas que están siendo afectadas o en las que se prevé una afectación son abundantes en bienes naturales. También se caracterizan por ser zonas con población indígena y afrodescendiente, históricamente afectadas por conflictos de tierra y proyectos extractivistas y que, como consecuencia de su defensa del territorio, han sido criminalizadas y expuestas a graves agresiones y violaciones de derechos humanos, incluso desaparición forzada y asesinatos.
Incluso la normativa de las ZEDE permite al proyecto su la expansión sin límites. Es el caso de Próspera, la ZEDE se instalará en Roatán y ya hay previsión de expandirse hacia territorios de la ciudad de La Ceiba, en la costa norte del país. Esto supone que no sea aplicada la ley de consulta previa, libre e informada, como mencionan comunidades afectadas. Las ZEDE se instalaron en territorios donde supuestamente no hay habitantes, y “por lógica no es necesaria la consulta previa porque son zonas vacías y no tienen a nadie con quien consultar, aunque alrededor si haya población”, aseguran desde el Frente Común Contra las ZEDE en La Ceiba.
La falta de transparencia es también un aspecto criticado: diferentes comunidades han expresado a PBI Honduras no haber sido informadas sobre los aspectos de la gobernanza de las ZEDE ni de la implantación de proyectos en sus territorios. “Cualquier día pueden llegar a tocarnos la puerta y echarnos de nuestras casas, para vender las propiedades a personas que no han luchado la tierra, y solo vienen a comprarla”, explican personas afectadas. «La implementación inconsulta de ZEDE y la falta de transparencia», añaden, «puedeintensificar dinámicas de desplazamiento forzado de las comunidades y poblaciones».
Diferentes organismos internacionales y la sociedad civil ya han expresado su preocupación sobre la puesta a disposición de los bienes comunes y naturales al gran capital nacional y transnacional, así como el no cumplimiento de los estándares internacionales, sobre todo en cuanto a derechos territoriales y soberanía de los pueblos. En este sentido, el 8 de junio Naciones Unidas expresó su preocupación ante el marco constitucional y legal de las ZEDE, ya que podrían suponer serios riesgos para la garantía de los derechos humanos por parte del Estado de Honduras. Su implementación, añaden, podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.
Resistencia ciudadana
Con el objetivo de hacer llegar la información respecto a las graves afectaciones a los derechos humanos que implican los proyectos ZEDE a las comunidades, municipios y diferentes sectores de la población,el pasado 13 de junio se creó el Movimiento Nacional Contra las Zedes y por la Soberanía, “una gran organización social, económica y política de nuestro pueblo para defender el territorio, la soberanía, dignidad y nuestros recursos”, asegura el dirigente campesino Rafael Alegría. Desde este Movimiento ya se han convocado movilizaciones y acciones de rechazo a las ZEDE en varios puntos del país, con el fin de declarar, ciudades y municipios libres de ZEDE. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) menciona que ya a inicios de junio, y a través de Declaratorias municipales, más de 180 municipios se declararon libres de ZEDES.
El exministro y especialista en las ZEDE Fernando Garcia asegura que la iniciativa ciudadana es clave para que finalmente la Ley sea derogada: “se necesitan cabildos y asambleas comunitarias, que resulten en pronunciamientos de la sociedad civil en rechazo a las ZEDE, así como movilizaciones organizadas en todo el país”. Menciona también la importancia de que la comunidad internacional se pronuncie por la protección y garantía de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y territorios ancestrales y por las graves afectaciones presentes y futuras hacia el medioambiente en Honduras.