“En las comunidades de Colón no queremos seguir siendo parte de las caravanas de migrantes”. Desde la Coordinadora de Organizaciones del Bajo Aguán (COPA) en el Departamento de Colón explican que varias personas de la comunidad de Guapinol ya han sido desplazadas de sus hogares como producto del conflicto con la empresa minera Inversiones Pinares; algunos bajo amenazas de muerte, otros por temor al futuro. Un futuro al que miran con recelo los pobladores de la zona donde el proyecto extractivista afecta a más de 34 fuentes de agua y donde la lucha por el río ya ha dejado 32 líderes comunitarios criminalizados, 8 de ellos en prisión preventiva desde hace más de año y medio.
La criminalización y las amenazas constantes obligaron a la defensora de derechos humanos Irma Andrea Lemus Amaya a abandonar Honduras. En marzo de 2019 decidió tomar un autobús a la frontera con Guatemala para seguir su camino hacia Estados Unidos. Llevaba ya varios años recibiendo amenazas por su trabajo de comunicadora social y su oposición a varios proyectos mineros del departamento de Colón. Cuando intentaron secuestrarla para asesinarla, tomó la decisión de irse de Honduras.
El informe “Territorios en riesgo II: Minería, Hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras’ refleja como los proyectos mineros a gran escala traen, en muchas ocasiones, desplazamiento de las comunidades que, además de perder sus hogares, pierden también sus medios de vida: “comunidades enteras pueden ser desarraigadas y obligadas a cambiar de lugar”. Una situación de despojo que es particularmente difícil para las comunidades indígenas: “tienen fuertes lazos culturales y espirituales con las tierras de sus antepasados y pueden tener dificultades para sobrevivir cuando estas se rompen”.
En la comunidad garífuna de Barra Vieja (Departamento de Atlántida), en 2014, la Policía Nacional y el Ejército trató de desalojar a sus pobladores para seguir adelante con la construcción del proyecto turístico Indura Resort. Más de 450 personas, entre ellos 200 menores se vieron afectados por el despojo de esta comunidad habitada hace 200 años por la comunidad garífuna. “Varias familias se han visto obligadas a salir de la comunidad; unas han migrado a Estados Unidos y otras a diferentes ciudades de nuestro país”, explica José Armando, miembro del patronato de la comunidad quien añade: “los que nos hemos quedado aquí en Barra Vieja hemos declarado que primero muertos antes que abandonar nuestras casas”.
El modelo neoliberal está detrás
El investigador Kenny Castillo defiende que uno de los primeros motivos relacionados con la migración es la aplicación del Programa de Ajuste Estructural de la Economía que, en 1990, inauguró la entrada del modelo neoliberal en Honduras durante el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Un programa que intensificó la llegada de la industria turística a las costas caribeñas de Honduras y, con ello, la conflictividad social de los pueblos garífunas.
Es cierto que los movimientos migratorios no son algo nuevo; de hecho, los flujos de migrantes más fuertes han estado estrechamente vinculados a los cambios en los modelos de producción económica. En el informe “Ciclos migratorios en Honduras“ se apunta a que en la primera década del siglo XXI hemos entrado en un ciclo migratorio en el marco del neoliberalismo, pero en su etapa extractivista. “La gente ya no se desplaza solo por motivaciones económicas sino también por motivaciones de violencia e inseguridad”. Asimismo, añaden que “es el ciclo más corto pero el más intenso en número de personas movilizadas en el país y está en sintonía con las evidencias del impacto del extractivismo en el país”.
En el marco de los desplazamientos internos, el pasado mes de octubre se presentó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. En este sentido, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos han urgido al Estado a implementar medidas para garantizar la protección integral de los derechos humanos de las personas desplazadas internamente.
En cuanto a la migración exterior, en 1980 había cerca de 39.000 inmigrantes hondureños y hondureñas en Estados Unidos. En 2019, y según estimaciones de FOSDEH, esta cifra había aumentado a los 1,2 millones. Es decir, en casi cuarenta años, la población migrante que cruzó los más de 2.500 kilómetros que separan Honduras del ‘sueño americano’ creció en un 3.000%. Asimismo, este incremento de la migración ha hecho que las remesas representen ya el 20% del Producto Interior Bruto del país, hasta los 5.500 millones de dólares en 2019. Paradójicamente son precisamente las personas migrantes expulsadas por el modelo económico las que sostienen en gran parte la economía hondureña.