“Aunque ha sido una constante, la violencia contra las mujeres se ha convertido en otra pandemia, desbordada a todos los niveles”. Así de contundente se muestra Wendy Cruz, dirigente campesina de la Vía Campesina. Las cifras también lo reflejan: solo en el mes de abril, cuando ya todo el país se encontraba con toque de queda absoluto como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, más de 10.000 mujeres denunciaron violencia física en el país, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). 

“Cuando comenzó la crisis del COVID-19 nos reunimos las comunidades y decidimos que nosotros seríamos quienes llevaríamos el control de entrada y salida de las comunidades”, explica Sebastián Reyes, Secretario General de la Junta Regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) del Departamento de La Paz y poblador de la comunidad El Encinal, en el departamento de La Paz (Honduras).

El pasado mes de febrero, organizaciones campesinas hondureñas presentaban ante el Congreso Nacional la “Ley de Emergencia para la reactivación del sector agrícola, pecuario y forestal para el Combate de la Pobreza’. Una normativa para superar la crisis agraria, alimentaria y ambiental en Honduras.

PBI se complace en dar la bienvenida a Mary Lawlor a su nuevo rol como Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos y se complace en colaborar con ella para garantizar que pueda cumplir su mandato: aumentar la seguridad de las personas defensoras en todo el mundo, llamar la atención sobre sus necesidades y desafíos específicos y abordar las deficiencias del Estado en términos de su protección. Tuvimos el placer de hablar con Mary Lawlor sobre sus prioridades y objetivos para su nuevo puesto.

“Doy gracias a PBI por acompañarme en la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio del periodismo.  Sin ese acompañamiento, creo que mi nombre estaría en una tumba olvidada”. Con estas palabras resumía Dina Meza, periodista y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (ASOPODEHU), la presencia de PBI en el país centroamericano, al quellegó en el 2013.

“Las personas periodistas fortalecen la democracia y cumplen con la labor de informar a la ciudadanía. Así deberían contar con todos los elementos de bioseguridad necesarios para trabajar durante esta emergencia, pero eso no es así” explica la periodista y defensora de Derechos Humanos Dina Meza. 

Si la situación de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras ya era crítica antes de la actual emergencia sanitaria, la llegada del COVID19 al país centroamericano se ha traducido en una doble vulneración de derechos. De esta manera resumen su situación la Asociación LGTB Arcoíris, quienes explican que la pandemia del coronavirus tiene un impacto mayor en aquellos sectores de la población que ya de antes estaban más vulnerablizados.

Las dificultades que enfrentaba la población rural previamente a la emergencia sanitaria del COVID19 ya eran alarmantes. Sin embargo, con la llegada de esta pandemia mundial, los problemas a los que deben hacer frente las familias campesinas se agravan. En un Estado de emergencia donde derechos básicos como el acceso a la sanidad y a la alimentación quedan limitados, el desamparo de muchas familias es preocupante.

En este momento de incertidumbre, desconcierto e inestabilidad, desde Brigadas Internacionales de Paz (PBI) queremos extender nuestra solidaridad a todas las personas que luchan para hacer frente a los desafíos que nos acechan producto de la crisis del COVID-19.

PBI apoya a personas defensoras de derechos humanos en diferentes partes del mundo que trabajan por la justicia social y el respeto del Estado de Derecho. Un trabajo que, a menudo, implica un riesgo considerable. En este sentido, PBI apoya también a muchas personas defensoras que han sido criminalizadas y judicializadas por el trabajo que llevan a cabo, lo que significa que se utiliza el sistema legal para detener su resistencia.