El pasado mes de noviembre, Honduras se sometió a su tercer Examen Periódico Universal (EPU). Entre los avances más aplaudidos, se encontró la creación del Mecanismo Nacional de Protección (Mecanismo en adelante), derivado de la Ley de Protección Nacional, que nació como seguimiento a las recomendaciones realizadas en el anterior ciclo EPU en 2015. Sin embargo, cinco años después, países como Alemania, España, Grecia, Irlanda, Japón, Montenegro, Países Bajos, Noruega y Portugal volvieron a referirse a esta institución, recomendando mejorar su efectividad, dotarle de más recursos e involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones.
Desde su creación hasta el 31 de julio de 2020, y según datos recogidos por Pasos de Animal Grande, el Mecanismo ha registrado un total de 547 solicitudes de medidas de protección. En la actualidad, sólo 183 casos permanecen activos (109 casos individuales y 74 colectivos). De este total, el 74% son para personas defensoras de derechos humanos y abogados; un 20% para periodistas y comunicadores sociales y un 6% para operadores de justicia.
Importancia de un enfoque preventivo
Pese a estos avances, las organizaciones hondureñas reportan deficiencias que dificultan una buena protección de las personas defensoras en Honduras, que en 2019 se convirtió en el país per cápita más peligroso del mundo. Entre 2020 y 2021, al menos dos personas bajo la protección del Mecanismo han sido asesinadas: Marvin Damián Castro Molina, integrante del Movimiento Ambientalista MAS Vida en el sur del país; y el defensor indígena lenca Juan Carlos Cerros, opositor a la represa hidroeléctrica ‘El Tornillito’ y beneficiario de medidas de protección tras sufrir un atentado el año pasado.
Precisamente es la falta de investigación una de las deficiencias del Mecanismo. Así las personas y organizaciones beneficiarias reportan que las medidas continúan siendo excesivamente policiales o de infraestructuras. El trabajo de los enlaces policiales o escoltas, botones de pánico o circuitos cerrados no se enfoca en realizar una investigación exhaustiva sobre las causas que originaron las medidas. En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los Estados adoptar políticas de protección integral, lo que requiere ir más allá de la protección física e incluir un enfoque preventivo y diferencial. Un año después, el Mecanismo instaló la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto aunque hasta el momento carece de los recursos suficientes. También para avanzar en este enfoque preventivo e investigativo se creó en 2018 la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH). Sin embargo, pese a haber recibido 199 denuncias entre marzo de 2018 y octubre de 2020 (la mayoría por amenazas y abuso de autoridad), en ninguna de ellas se presentó requerimiento fiscal.
Falta de formación y de información
Las personas beneficiarias de medidas reportan también que los agentes policiales designados como enlaces desconocen tanto su situación de riesgo como las medidas concedidas y el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección. “Hay dos razones que explican esta situación: el cambio de los enlaces policiales es muy frecuente; a veces cambian cada tres meses. Además, no hay un traspaso completo de todas las informaciones, causando vacíos de contexto e informaciones que son fundamentales para tener una visión completa de la situación de riesgo del beneficiario”. A esto se suma el carácter poco reactivo de los enlaces policiales ante las emergencias y que, en su mayoría hombres, suelen incomodar a las mujeres con insinuaciones y actitudes machistas.
Este desconocimiento del Mecanismo por parte de las autoridades, señalado también por la CIDH en agosto de 2018, es todavía mayor en las zonas rurales. La centralización de la institución hace que las autoridades locales no estén informados y carezcan de formación en temas de Derechos Humanos, género y medidas de protección. Algo especialmente preocupante teniendo en cuenta que casi el 40% de las personas y organizaciones beneficiarias defienden la tierra y el territorio en zonas rurales.
Otro patrón negativo es la falta de reconocimiento de una plena autoridad del Mecanismo y la rigidez jerárquica entre el Sistema Nacional de Protección y la Secretaría de Seguridad. Personas beneficiarias reportan que los enlaces policiales, que dependen directamente de la Secretaría de Seguridad, no están acostumbrados a recibir órdenes directas del Mecanismo: “Esta dinámica ralentiza aún más los tiempos de reacción ante una emergencia. Diferente es cuando el orden de intervención o de investigación llega directamente desde la misma Secretaría de Seguridad; en este caso hay una activación más rápida y eficiente de parte de los enlaces policiales”.
Problema de confianza
De acuerdo con el Sondeo de Opinión Pública 2020 del ERIC-SJ, el 82,5% de la población no tiene confianza en el Gobierno Central. Una situación que se replica en el Mecanismo Nacional de Protección, donde se observa una desconfianza recíproca entre personas defensoras y autoridades. Son muchas las personas defensoras que, pese a su grave situación de seguridad, rehúsan acercarse a pedir medidas de protección por el miedo a compartir información sensible con el Mecanismo Nacional de Protección y con la Policía. “¿Cómo vamos a pedir protección a las mismas personas que nos están agrediendo?”, argumentan personas beneficiarias. Recientemente, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciaba que cuatro de cada diez agresiones a mujeres defensoras son cometidas por elementos de la Policía. Además, las personas beneficiarias manifiestan tener dificultad en demostrar que muchos de los incidentes que sufren están directamente relacionados con su labor de defensoría. “Hay una tendencia por parte de las autoridades a identificar estos incidentes como episodios aislados, sin encajarlos en un contexto más amplio de persecución sistémica”.
En busca de una política pública integral
En su declaración de fin de misión en 2018, Michel Forst, el por entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos reconocía que “existe una necesidad urgente de adoptar una política pública integral de protección para las personas defensoras y de asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación”. Entonces, señalaba que el presupuesto del Mecanismo Nacional de Protección sólo representaba un porcentaje muy pequeño del presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos (0,00018%).
Hasta el momento han sido varios los países que han apoyado esta tarea. En 2017, suscibieron un Convenio de Cooperación con Freedom House para el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades y financiamiento de la Unidad de Riesgo y la de Prevención y Análisis de contexto. En 2020, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en colaboración con OACNUDH, comenzó a brindar asistencia técnica para la elaboración de varios protocolos, entre ellos uno de investigación de delitos en contra de personas defensoras. Algo esencial en un país en el que más del 90% de estos delitos quedan en la impunidad.