PBI apoya a personas defensoras de derechos humanos en diferentes partes del mundo que trabajan por la justicia social y el respeto del Estado de Derecho. Un trabajo que, a menudo, implica un riesgo considerable. En este sentido, PBI apoya también a muchas personas defensoras que han sido criminalizadas y judicializadas por el trabajo que llevan a cabo, lo que significa que se utiliza el sistema legal para detener su resistencia.
En Honduras, y en otros países de la región como México y Guatemala, esta tendencia ha sido particularmente frecuente con respecto a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Unos ataques que ponen en riesgo a quienes luchan por la justicia social. Porque si la justicia social es una prioridad global, debemos asegurarnos de que las personas defensoras están protegidas y puedan llevar a cabo su importante trabajo en las condiciones que necesitan y merecen.
El efecto paralizador de la criminalización*
El mal uso del derecho penal con el objetivo de criminalizar, paralizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo una práctica sistemática en Honduras, con gran incidencia en las mujeres defensoras. De acuerdo con los datos de la Red Nacional de Defensoras de Honduras, entre el 2013 y junio de 2018, casi 650 mujeres defensoras fueron procesadas judicialmente, de las cuales un gran porcentaje tenía relación con la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Además, según un estudio de JADSS, un 68.6% de las mujeres integrantes de organizaciones DESCA se ven afectadas por la criminalización.
A esto se suma la preocupación por el aumento de la criminalización en los últimos cinco años, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Así, los tipos penales tradicionalmente empleados para criminalizar a las personas defensoras de los DESCA, como usurpación de tierra, coacción y daños, están ampliándose. Por ejemplo, el delito de asociación ilícita ha sido utilizado en algunos casos como el de Guapinol y preocupa también la definición del delito de asociación terrorista del Nuevo Código Penal que, por su formulación ambigua, podría permitir una mayor criminalización.
Seis años con medidas sustitutivas*
La defensora Lilian Borjas, integrante de la Junta Regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de Yoro, es una de las miles de mujeres defensoras criminalizadas en el país. En marzo del 2013, su grupo campesino inició un proceso de recuperación de tierras tomando posesión de 62 hectáreas. El Instituto Nacional Agrario (INA) asegura que se trata de tierras ejidales, mientras que los supuestos dueños reclaman que poseen un título del Instituto de la Propiedad.
Durante los meses posteriores a la toma de tierras, el grupo campesino sufrió varias agresiones y fue violentamente desalojado por doce personas armadas. El grupo armado llegó a la zona, pusieron a las familias presentes en fila, las amenazaron y quemaron sus pertenencias. El 17 de julio de 2013, Lilian fue capturada con dos compañeros acusados de usurpación de tierras. En el Juzgado de Letras les aplicaron medidas sustitutivas. En 2019, Lilian cumplía más de seis años de tener estas medidas; primero con la obligación de ir a firmar cada quince días y ahora una vez al mes, lo que supone un ligero alivio para ella.
Además, como mujer defensora, Lilian reconoce que ha sufrido persecución, amenazas y estigmatización con mayor fuerza que los hombres de su entorno, lo cual le impacta en lo familiar, lo psicosocial y lo económico: “Se nota que hay más criminalización contra mí que soy mujer que contra él que es hombre, me quedé sorprendida. Si no tengo alguien que quiera andar conmigo para ir a firmar yo me quedo allí presa”.
Las medidas sustitutivas normalmente no pueden durar más que la pena mínima de la acusación; en el caso de Lilian sería un año. Sin embargo, no hay avances en el proceso. Las audiencias fueron pospuestas en al menos 14 ocasiones e, incluso, durante una de las audiencias programadas, no dejaron a Lilian entrar a la sala. El proceso legal en su contra la desgasta: “a veces me siento desanimada, a veces quisiera dejarlo todo, pero estoy atada. Realmente me han matado mi vida”.
*Informaciones y testimonios extraídos del informe “La defensa de laTierra tiene nombre de mujer“ elaborado con motivo del Examen Periódico Universal (EPU) a Honduras en mayo de 2020.