“Cuando comenzó la crisis del COVID-19 nos reunimos las comunidades y decidimos que nosotros seríamos quienes llevaríamos el control de entrada y salida de las comunidades”, explica Sebastián Reyes, Secretario General de la Junta Regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) del Departamento de La Paz y poblador de la comunidad El Encinal, en el departamento de La Paz (Honduras). Allí alrededor de 300 familias han elegido ponerse al frente en la lucha contra el Coronavirus, que a 1 de junio ya había provocado 217 personas fallecidas y 35.362 contagiadas. Y parece que hasta la fecha, las medidas han sido eficaces: “hasta ahora no hay ningún caso en la comunidad. Y esperamos que no lo haya porque el único centro de salud que hay en la comunidad no se haría responsable si alguien enfermara”, añade Sebastián denunciando la precariedad de sistema sanitario hondureño. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) Honduras cuenta con, aproximadamente, 14 personas médicas y enfermeras por cada 10.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los sistemas de salud con menos personal de Centroamérica.
Las familias de El Encinal y de alrededor, han establecido un retén principal en un camino que lleva a más de 20 comunidades. Durante el día y la noche, siempre hay un grupo de al menos cinco personas que registran en un cuaderno quien entra y quien sale. Las personas encargadas normalmente son hombres, ya que como apunta María Felicita López, coordinadora del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) “nosotras no tenemos tiempo de estar en los retenes porque tenemos sobrecarga de trabajo”. En este sentido, Wendy Cruz, representante de la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina añade que con la llegada del COVID19 las mujeres siguen siendo quienes “asumen el rol de proveedoras de alimentos y de cuidados de sus familias, lo que en muchas ocasiones les lleva a exponer su salud”.
Sobre el funcionamiento de estos retenes, Sebastián Reyes explica: “se permite salir y entrar a la gente que vive en estas comunidades y que va a trabajar a las fincas y otros trabajos propios de la zona. Además, para abastecer las pulperías (pequeños comercios de alimentación y productos de higiene), se ha establecido un sitio solo al principio de la carretera para que los repartidores puedan vender su mercancía”, como algunas de las estrategias que han establecido para evitar la entrada del Coronavirus en sus territorios. Desde El Encinal argumentan que tomaron esta decisión porque ya desde antes de la pandemia apenas tenía ayuda de militares ni policía y ahora no quieren que entre en sus comunidades. “Por ahora los policías solo se acercan para confirmar que se permite entrar y salir a la gente que tiene que ir a trabajar. Nosotros mismos nos estamos cuidando porque si soltamos el retén, ¿quién nos va a cuidar?», resume el líder campesino.
Desde antes
Optar por la autogestión territorial no fue una decisión difícil para El Encinal. Desde hace décadas, esta comunidad ha enfrentado problemas relacionados con la falta de agua, los incendios y la tala de bosques. “Siempre ha existido un trabajo comunitario entre los grupos campesinos y los patronatos que nos han mantenido cohesionados ante las adversidades. Y el COVID19 no podía ser una excepción”. Desde la CNTC se muestran convencidos de que es precisamente esta organización previa la que ha permitido el buen funcionamiento de estas medidas: “la gente pertenece a bases campesinas, está organizada y están conscientes”.
Además, estas bases campesinas también se han organizado para lograr hacer llegar provisiones a las familias que más lo necesitan. Aunque reconocen que no ha sido fácil: “no hemos encontrado forma de conseguir alimentos para poder repartirlos. La municipalidad entregó algunas provisiones, pero insuficientes”. En este sentido, Sebastián Reyes denuncia la politización de estas ayudas gubernamentales que, “casualmente”, no han llegado a las comunidades campesinas organizadas. “Esto parece un sálvase quien pueda”, resume.
Una mirada más amplia
La comunidad de Sebastián Reyes no es la única en Honduras donde la autogestión territorial comunitaria está funcionando. En otras, explica el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), ante la falta de capacidad de la policía para cubrir todo el país, se están creando los denominados Consejo de Emergencia Municipal (CEM) desde donde se pretende capacitar a la sociedad civil para que “no se extralimiten en sus funciones” y de esta forma, exista una supuesta coordinación entre las autoridades policiales y los pobladores. Sin embargo, el Comisionado asegura que es en esta coordinación donde se han denunciado agresiones por ambas partes.
En definitiva, a pesar de la existencia de los CEM en varios puntos del país, existen comunidades olvidadas donde ninguna institucionalidad garantiza el control de entradas y salidas ni las medidas de bioseguridad adecuadas para frenar la pandemia en sus propios hogares. De este modo, son los y las propias pobladoras las que se autocuidan y, lo hacen con previsión de «continuar hasta el final», declara Sebastián.
Artículo publicado en Altreconomía en base a información de junio 2020