Las dificultades que enfrentaba la población rural previamente a la emergencia sanitaria del COVID19 ya eran alarmantes. Sin embargo, con la llegada de esta pandemia mundial, los problemas a los que deben hacer frente las familias campesinas se agravan. En un Estado de emergencia donde derechos básicos como el acceso a la sanidad y a la alimentación quedan limitados, el desamparo de muchas familias es preocupante. Esto sumado a una acentuada militarización del campo que ya venía gestándose desde el Decreto PCM-052-2019 publicado en octubre de 2019.
El toque de queda absoluto decretado en Honduras el pasado 20 de marzo, y la consiguiente suspensión de garantías constitucionales, ha llevado a las familias hondureñas a confinarse en sus casas y a los policías y militares hacerse más presentes en las ciudades, en las vías de tránsito y en las comunidades rurales. De esta forma, las personas campesinas que labran la tierra y dependen de sus cosechas para poder comer deben salir, pero los decretos gubernamentales no se lo permiten. Desde la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) explican que esto supone un conflicto: “las tierras donde cultivamos están lejos y cuando salimos a trabajar o recoger nuestras cosechas nos encuentramoscon retenes que nos hacen volver a casa e incluso nos amenazan con detenernos”, explica Nora Ramírez, coordinadora de la Junta Regional de Progreso de la CNTC.
Las comunidades campesinas, generalmente apartadas de los centros urbanos, se están viendo seriamente afectadas por este contexto restrictivo: cuando deben movilizarse para trabajar, para realizar algún trámite bancario, suministro de alimentos o de medicinas lo encuentran prácticamente imposible porque las carreteras están vigiladas, no las dejan transitar y tampoco hay transporte. “Yo dependo del salario mínimo de mi hija. Sin embargo, ese dinero no lo podemos sacar porque no podemos acceder a los bancos. De la comunidad donde vivimos al Progreso hay 45 minutos en carro y ahorita no hay transporte”, resume Nora Ramírez su situación. Por ese motivo hay muchas familias campesinas que se han quedado sin dinero, sin medicinas y sin suministros. Y es que, aunque desde el Gobierno hayan anunciado la entrega de miles de “Bolsas Solidarias“, desde la CNTC creen que el Ejecutivo será muy selectivo al repartir este alimento y que quienes se verán más beneficiadas serán las personas afines al Gobierno.
Crisis económica, social, sanitaria y humanitaria
El sistema de atención sanitaria, tan necesario durante esta crisis, ha sufrido un desmantelamiento durante los últimos diez años. Con la llegada del COVID19, el sistema queda totalmente limitado e incluso colapsado lo que incrementará la mortalidad por el virus, según denuncian desde la Coalición contra la Impunidad Honduras. Es más, en este contexto, son los militares los que usan las protecciones de bioseguridad, mientras que muchos centros de salud están cerrados completamente y los que están abiertos no tienen suficientes insumos médicos de prevención. Ante esta situación, muchas familias campesinas ven limitado su derecho a la sanidad.
Desde la CNTC van más allá y explican que este contexto derivará en una crisis económica, social, sanitaria y humanitaria que será aprovechada por multinacionales y terratenientes para ocupar las tierras. “Con el nuevo proyecto de producción alimentaria aprobado por el gobierno a través del PCM-030-2020 se permite que sean los empresarios quienes se encarguen de la producción de alimentos, sin incluir a los pequeños productores y a los campesinos y campesinas”, explica Frankin Almendares, coordinador de la Junta Nacional de la CNTC. “Lo más grave es que se ordena inventariar y registrar todas las tierras nacionales para dedicarlas a dicha actividad, o sea: entregarlas a los empresarios. Esto significa el recrudecimiento de las luchas campesinas e indígenas y un incremento de los desalojos y la criminalización”, añade recordando también la presencia violenta de los militares en comunidades de varios departamentos, como en el de Atlántida, donde algunas bases campesinas han sido desalojadas.
Sin embargo, el problema de la militarización del campo no es algo que haya aparecido con la crisis del COVID-19 sino que es un fenómeno que las organizaciones campesinas vienen denunciando desde hace ya varios años. En noviembre del año pasado se aprobó el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) que tiene como objetivo principal “incrementar la productividad y la rentabilidad agrícola”. Sin embargo, le da un papel protagónico a las Fuerzas Armadas en la gestión del agro, dándoles poder y más de 1.000 millones de lempiras para administrar proyectos agrícolas. Una medida que, además, no está aislada: en los últimos seis años Honduras ha experimentado un incremento del 112% en el presupuesto estatal para seguridad y defensa.
Esta medida afecta gravemente a los campesinos en un país en el que el sector agrario representa un 14% del Producto Interior Bruto, genera un 36% del empleo y un 72% de las exportaciones en 2019. Además, se suma a las problemáticas ligadas a la tenencia de la tierra, expansión del modelo extractivista en el país, así como la proliferación de procesos de criminalización a los que deben hacer frente a diario las personas campesinas de toda Honduras.
En este momento de excepción es cuando más necesarias son las personas que trabajan por los derechos humanos, el territorio y la soberanía y seguridad alimentaria. Sin embargo, es ahora, cuando parecen cerrarse más los espacios para las personas defensoras y la militarización parece incrementarse. Por eso, es en este momento cuando más pendientes y presentes debemos estar con las personas que defienden los derechos fundamentales.