Las violaciones a los derechos humanos y la degradación ambiental están particularmente generalizadas en el contexto de proyectos extractivos y de infraestructura a gran escala. A pesar de la existencia de estándares internacionales y leyes con la intención de proteger a individuos y comunidades, estos derechos son a menudo el centro del conflicto cuando los grandes intereses quieren explotar los recursos naturales que encuentran dentro y debajo de territorios tradicionales. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para aquellas personas que defienden el derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Por ello, PBI Honduras acompaña a defensores y defensoras y a comunidades en casos de acceso a tierra ancestral, en temas relativos al reconocimiento de los títulos de tierra y de malas prácticas, o incluso amenazas, por parte de entidades privadas.
“Si lucho por la montaña es porque nosotras somos el río vivo. El río habla, y nuestra montaña nos da nuestros alimentos. Si la destruyen nosotras tenemos que irnos porque somos un cuerpo parte de la naturaleza.” - Dilma Cruz, defensora de derechos humanos de la comunidad de Guapinol
El arrayán es un arbusto medicinal que tiene propiedades curativas, entre ellas la de limpiar los pulmones. También es el nombre de la aldea donde en 1983 diecisiete mujeres crearon el grupo campesino Nueva Esperanza, ubicado en el municipio de Comayagua (departamento de Comayagua). Eligieron este nombre con un fuerte valor simbólico para referirse a unas tierras nacionales* “olvidadas y maltratadas” con la intención de “sanarlas”.
Cuando empezaron las primeras protestas en Guapinol, Juana Ramona Zúñiga estaba en una reunión del Patronato de su comunidad.
María Felicita López es una lideresa indígena feminista del Departamento de La Paz, Honduras y trabaja en la organización Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, Honduras (MILPAH). Desde hace muchos años es activista para los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el medio ambiente en el departamento que la vio nacer. En La Paz actualmente hay 4 concesiones hidroeléctricas y al menos 26 planes de manejo y permisos ambientales para la explotación de madera.
“Va a seguir lloviendo sobre mojado. La tierra ya no aguanta tanta agua”. Así se expresaba en Twitter el pasado lunes 23 de noviembre la lideresa afrodescendiente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Y no le faltaba razón. La madrugada siguiente, la ciudad de La Lima, en el norte de Honduras, volvía a inundarse por cuarta vez en dos semanas.
Andrea Regina Pineda es abogada en Honduras y está comprometida con la defensa de la tierra y los derechos humanos en la organización Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). Durante el mes de octubre, participó en una gira virtual en la que mantuvo reuniones con varias autoridades europeas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que examinará la situación de derechos humanos en Honduras durante este mes de noviembre.
“Cuando comenzó la crisis del COVID-19 nos reunimos las comunidades y decidimos que nosotros seríamos quienes llevaríamos el control de entrada y salida de las comunidades”, explica Sebastián Reyes, Secretario General de la Junta Regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) del Departamento de La Paz y poblador de la comunidad El Encinal, en el departamento de La Paz (Honduras).
El pasado mes de febrero, organizaciones campesinas hondureñas presentaban ante el Congreso Nacional la “Ley de Emergencia para la reactivación del sector agrícola, pecuario y forestal para el Combate de la Pobreza’. Una normativa para superar la crisis agraria, alimentaria y ambiental en Honduras.
Las dificultades que enfrentaba la población rural previamente a la emergencia sanitaria del COVID19 ya eran alarmantes. Sin embargo, con la llegada de esta pandemia mundial, los problemas a los que deben hacer frente las familias campesinas se agravan. En un Estado de emergencia donde derechos básicos como el acceso a la sanidad y a la alimentación quedan limitados, el desamparo de muchas familias es preocupante.
A finales de 2018, las personas campesinas lograron ser protagonistas en Naciones Unidas.