A finales de 2018, las personas campesinas lograron ser protagonistas en Naciones Unidas. El 17 de diciembre del año pasado, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Una adopción que representa la culminación de un proceso histórico de casi dos décadas y que para Franklin Almendares, coordinador de la Junta Nacional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) “contribuye a que los diferentes sectores de la sociedad estén sensibilizados y también para levantar campañas como la de Cultivar sin riesgo”1, lanzada recientemente por varias organizaciones, entre ellas la CNTC.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos recoge elementos que venían siendo reclamados desde hace más de 17 años por el movimiento campesino internacional La Vía Campesina, que contaba con el apoyo de numerosos movimientos sociales y organizaciones aliadas. Así se reconoce también el rol del campesinado para garantizar la alimentación y legitima el trabajo del movimiento campesino en defensa de los bienes comunes frente a los ataques y criminalización.
“Esta declaración es una herramienta importante que debe garantizar y ayudar a realizar los derechos de las personas campesinas. Instamos a todos los Estados a implementar la declaración con escrupulosidad y transparencia, garantizando al campesinado y comunidades rurales el acceso y control sobre la tierra, semillas campesinas, el agua y otros recursos naturales. Como personas campesinas necesitamos la protección y el respeto por nuestros valores y nuestro papel en la sociedad para lograr la soberanía alimentaria”, explican desde la Coordinación General de la Vía Campesina.
Precisamente desde la Vía Campesina señalan esta Declaración sobre los Derechos de los campesinos como una herramienta política para potenciar la lucha global por conseguir unas condiciones de dignidad en el trabajo del campo. Asimismo reclaman que debería propiciar una urgente reforma agraria a escala mundial como una política necesaria para que los Estados la apliquen en los territorios. Algo especialmente importante en un país como Honduras, donde casi el 45% de la población sigue viviendo en entornos rurales (según datos del Instituto Nacional Estadístico de Honduras) y dónde, según datos de la Vía Campesina, más de 300.000 familias no tienen acceso a tierras. Sin embargo, Almendares reconoce los límites de esta declaración: “no es vinculante. En el Estado, tal como funciona, no sirve como herramienta”. Sin embargo, sí cree que a nivel global puede tener un impacto fuerte.
La situación en Honduras
Sobre la situación en Honduras, explica que desde la ley de modernización agrícola en los años noventa, que trajo consigo la privatización de las tierras, no existe ningún plan o apoyo por parte de las instituciones para las personas campesinas: “eso significa que solo tenemos nuestras propias herramientas para poder quedarnos en las tierras cultivando y sembrando”.
Así, entre los retos que tiene por delante el Gobierno de Honduras, Almendares se refiere a la creación de un fondo de tierras y a la aprobación de la Ley de Reforma agraria integral con equidad de género y desarrollo rural, un proyecto de ley encaminado a solucionar la problemática agraria en el país pero que ha sido engavetada durante mucho tiempo. “Además, hay que crear un catastro yendo físicamente a las tierras para poder hacer un verdadero mapeo, porque lo que se está haciendo actualmente es desde el aire y eso impide una imagen exacta de la situación en terreno. Igualmente, hay que instalar una fiscalía de agricultura que se encargaría de investigar todo”.
Una ley con la que se busca también mejorar la seguridad de las personas defensoras de la tierra y el territorio como es el caso de Franklin Almendares. Precisamente preguntado por el origen de su energía frente a tantos obstáculos, ataques y difamaciones diarios que sufre desde hace años por parte de terratenientes y empresas como consecuencia de su trabajo de defensoría, nos comenta que, de hecho, es la tierra misma la que le da esperanza y fuerza para continuar avanzando en la protección de la misma tierra: “Nos entendemos como cultivadores de esperanzas”.
Almendares cree que este trabajo no es solo del Ejecutivo sino que afecta a todo el mundo. “La sociedad tiene que informarse y sensibilizarse con actitud de apoyar al pueblo campesino, consumiendo productos campesinos”. En este punto, el portavoz de la CNTC pone como ejemplo los frijoles en Yoro: “Es muy raro que el consumidor vaya directamente al productor, que es lo que habría que hacer para apoyarles. Hay que establecer nuevamente una relación entre consumidores y productores”.
1Esta campaña busca impulsar el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Campesinado por parte del Estado para proteger a las personas campesinas del país. Asimismo, con esta iniciativa se pretende informar y sensibiliza a la ciudadanía sobre la situación de vulnerabilidad de derechos que sufren las personas defensoras del derecho a la tierra, al territorio y a los bienes naturales en Honduras.