Las violaciones a los derechos humanos y la degradación ambiental están particularmente generalizadas en el contexto de proyectos extractivos y de infraestructura a gran escala. A pesar de la existencia de estándares internacionales y leyes con la intención de proteger a individuos y comunidades, estos derechos son a menudo el centro del conflicto cuando los grandes intereses quieren explotar los recursos naturales que encuentran dentro y debajo de territorios tradicionales. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para aquellas personas que defienden el derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Por ello, PBI Honduras acompaña a defensores y defensoras y a comunidades en casos de acceso a tierra ancestral, en temas relativos al reconocimiento de los títulos de tierra y de malas prácticas, o incluso amenazas, por parte de entidades privadas.
La comunidad de Kevin Ramírez se encuentra entre las aguas claras de las pozas donde los pobladores se bañan en familia y las montañas selváticas que demarcan la frontera entre Honduras y Guatemala.
“Ellos quieren quitarnos el bosque y nos quieren preguntar cuál es la mejor manera de hacerlo.
Honduras es un país lleno de riquezas naturales: arrecifes de coral, montañas pobladas de árboles, ríos cristalinos y una abundante flora y fauna. Sin embargo, defender estos bienes naturales puede ser una actividad de alto riesgo. Esta es la principal conclusión de una investigación realizada por Global Witness, que señala que desde 2010 han muerto más de 120 personas defensoras de la tierra y del territorio en el país.
Las concesiones
Muchos saben que Honduras es, según Global Witness1, el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, y así lo reiteró el Relator Especial de la ONU para la situación de los defensores y defensoras, Michel Forst, en su reciente visita al país2, pero la situación se vuelve más grave si la persona defensora es una mujer.
