“Además de asesinarnos, no investigan quién lo ha hecho”. Organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras se expresan así ante una impunidad superior al 90% en crímenes de odio. De hecho, el Observatorio de Muertes Violentas LGTBI de la Red Lésbica Cattrachas recoge que solo 29 crímenes de los 150 cometidos durante los últimos cinco años has sido judicializados. “Estos niveles de impunidad contribuyen de manera indirecta a generar en el imaginario colectivo la idea de que la violencia y la discriminación en contra de la población LGTBI son aceptadas por el Estado y sus funcionarios”, advierten desde el Comité de la Diversidad Sexual. Estos altos índices de impunidad se suman a la dificultad de interponer una denuncia. Más de la mitad de las agresiones contra personas LGTBIQ+ en Honduras las cometen policías: “¿Te imaginas ir a la Policía a denunciar a la Policía?”, señalan.
Esta situación es reflejo de la discriminación y desigualdad hacia la población LGTBIQ+, que sigue siendo un patrón continuado en Honduras y que se materializa en una violencia sistémica en aumento. Si durante el 2020 al menos 20 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas, este 2021 “empezó muy violento”, con cinco asesinatos desde inicios de año, explica la Asociación LGTB Arcoíris, acompañada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) desde 2015. En 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, mostraba preocupación por la situación de la comunidad LGTBIQ+ e identificaba en “la inacción del Estado para reducir el uso por parte de los medios de comunicación de la incitación al odio contra ellos” una de las causas.
Espacio de interlocución
Ante esta situación, y con el objetivo de crear un espacio de interlocución con los operadores de justicia y seguridad en el país, en 2016 surge la Mesa de Acceso a la Justicia LGBT (La Mesa). Esta iniciativa, conformada por las diversas organizaciones de defensa de los derechos LGTBIQ+ en Honduras, fue creada con el propósito de esclarecer los crímenes de odio y establecer estrategias comunes para prevenir y dar respuesta a la violencia que enfrenta el colectivo de la diversidad sexual en la región. La Mesa Nacional es un espacio plural conformado por organizaciones de la diversidad sexual, autoridades nacionales y comunidad internacional. Por parte de las organizaciones sociales encontramos la Asociación LGTB Arcoíris, Humanos en Acción, Organización Pro Unión Ceibeña (OPROUCE), Asociación de Prevención y Educación en Salud y Sexualidad (APREST), el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI (Somos CDC), Comunidad Gay-Lésbico del sur y Horus) que, a su vez, representan a las diferentes Mesas Regionales de las ciudades de Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, Nacaome y Tegucigalpa.
De esta manera, se realiza un acercamiento más exacto a las realidades locales y se insta a las instituciones y autoridades pertinentes a investigar y a llevar a cabo el debido proceso en el esclarecimiento de los casos. Además funciona también como espacio de articulación desde donde impulsar políticas públicas que permitan avanzar hacia la igualdad como una ley del matrimonio igualitario y la Ley de identidad de género.
Entre las partes activas de la Mesa Nacional se encuentra también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos (OACNUDH), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y las embajadas de España, Alemania y Estados Unidos, cuya participación es valorada muy positivamente por las organizaciones de la diversidad sexual. “Las embajadas están ahí, proponen y buscan soluciones para dar avance en las investigaciones”, asegura David Valle, coordinador de proyectos de Somos CDC.
Logros y obstáculos
Uno de los aspectos positivos destacados de la creación de la Mesa es que las organizaciones han logrado una mayor fluidez en sus comunicaciones, lo que permite tener una visión más amplia de la situación de las personas LGTBIQ+ a nivel nacional y poder tener un análisis riguroso de los ataques a los que se enfrentan. La Directora Ejecutiva de la Asociación LGTB Arcoiris y facilitadora de La Mesa, Esdra Sosa, afirma que de esta manera “las organizaciones LGTB no dejamos de trabajar en todas las áreas en las que, lamentablemente, el gobierno nos sigue vulnerabilizando. Estamos viendo de que manera podemos contrarrestrar el estrés político y el contexto de violencia en el pais”.
A pesar de que las organizaciones reconocen avances en las investigaciones de los casos, traducidos en mayores judicializaciones por parte de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en el último año, resulta preocupante el retraso generalizado en las investigaciones de los casos presentados ante la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la “indiferencia institucional” que mencionan las organizaciones ante la falta de respuesta. También se refieren a las dificultades de interlocución con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que todavía no han respondido a la invitación de formar parte de La Mesa. Asimismo, las organizaciones reportan con preocupación que la Dirección de la Policía de Investigación (DPI) no está acudiendo a esos espacios desde el pasado mes de diciembre, un hecho que dificulta la comunicación con respecto al avance de las investigaciones.
Fiscalía de Delitos Contra la Vida, sin avances significativos
Ante la falta de avances en los casos presentados ante la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, las organizaciones que componen La Mesa van a iniciar un estudio para conocer los motivos de que las denuncias no sigan su curso y encontrar la manera de incidir. En los cinco años de funcionamiento de La Mesa, el único caso que ha obtenido avances significativos es el caso de Bessy Ferrera, mujer transgénero que pertenecía a la Asociación LGTB Arcoíris y que fue asesinada en 2019.
El pasado 31 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, Vanesa Zúniga, mujer trans y activista de la Asociación de Prevención y Educación en Salud, Sexualidad, Sida y Derechos Humanos (APREST) fue asesinada en el departamento de Atlántida. Desde la Mesa Nacional de Acceso a la Justicia LGTB urgieron, una vez más, a la Fiscalía de Delitos contra la Vida que realice una investigación exhaustiva, rápida e imparcial. Desde el CONADEH también condenaron este asesinato y recordaron que en los últimos 10 años, al menos 150 personas de la comunidad LGTBIQ+ han sido asesinadas en Honduras.
Ante esta situación de violencia, impunidad y dificultades de acceso a la justicia las organizaciones de la diversidad sexual confían en la Mesa de Acceso a la Justicia. “Nosotros no exigimos derechos humanos nuevos ni especiales para las personas LGTB. Solo queremos que se respeten los derechos que tienen todas las personas”, afirma Esdra Sosa.