“Aunque ha sido una constante, la violencia contra las mujeres se ha convertido en otra pandemia, desbordada a todos los niveles”. Así de contundente se muestra Wendy Cruz, dirigente campesina de la Vía Campesina. Las cifras también lo reflejan: solo en el mes de abril, cuando ya todo el país se encontraba con toque de queda absoluto como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, más de 10.000 mujeres denunciaron violencia física en el país, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).
“Al estar confinado, el hombre ha tomado posesión de los hogares, donde antes casi no pasaba tiempo. Ahora la mujer no tiene la libertad ni siquiera de ir a trabajar”, explica Lilian Borjas, integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso (Departamento de Yoro). Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las restricciones de quedarse en casa y otras medidas que limitan el movimiento de las personas ha contribuido en el aumento de la violencia basada en el género.
Pese a este aumento de la violencia contra las mujeres, el Sistema Nacional de Emergencias 911 ha registrado una disminución de denuncias . Wendy Cruz nos explica esta paradoja: "las mujeres dejaron de denunciar porque todo se queda en una simple denuncia y no se da seguimiento ”. De hecho, la Corte Suprema de Justicia recibe aproximadamente 20.000 denuncias por violencia doméstica al año, de las que menos de la mitad continúan. En muchas ocasiones, la propia mujer no puede continuar con el proceso al depender económicamente del hombre.
Falta de medidas y datos confiables
Otro problema añadido es la falta de datos estadísticos confiables. Cristina Alvarado, del equipo de Coordinación Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla explica que “no hay datos ni por parte de la Dirección Policial de Investigadores (DPI), ni las Fiscalías, ni del Ministerio Público, porque no es una prioridad para ellos”. Actualmente, el Ministerio Público en Honduras cuenta con dos unidades de feminicidios: la Fiscalía especial de Protección de la Mujer y la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Si embargo, en este contexto de emergencia sanitaria y, a pesar del aumento de casos, no se están acercando a las comunidades a recoger las denuncias, advierte Felicita López desde la Red de Mujeres de Marcala.
Específicamente para el contexto de la pandemia del COVID-19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicaba que ante el riesgo de un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y las niñas durante el confinamiento, “se deben adoptar todas las acciones necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual, disponer de mecanismos seguros de denuncia directa e indirecta y reforzar la atención para las víctimas”. A juicio de las organizaciones de mujeres del país, el gobierno no está dando una respuesta oportuna a la hora de prevenir, juzgar y sancionar todo tipo de violencia contra esta población.
“Cuando nos encontramos ante un feminicidio, es porque el Estado ha fallado en su función de prevención, no ha podido dar las condiciones necesarias, y una mujer ha perdido la vida producto de esta ineficacia”, explica Tirza Flores, magistrada de la Corte Suprema de Justicia en referencia a una Honduras, que tiene la segunda mayor tasa de feminicidios por cada 100.000 habitantes (5.1) según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En definitiva, como señala Wendy Cruz , las desigualdades que ya venían arrastrando las mujeres en el trabajo, en el exceso de carga doméstica, el difícil acceso a la salud y la independencia económica antes de la pandemia ahora se suma a los efectos de unacuestionada gestión de la crisis sanitaria.
Las mujeres toman la iniciativas
En este contexto, y ante un limitado acceso al sistema sanitario en Honduras, se ha incentivado aún más la búsqueda de alternativas para hacer frente a la violencia y para resignificar el trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Felicita cuenta que en su comunidad de Marcala, se están recuperando los saberes ancestrales y es a través de la medicina natural que han podido curar enfermedades como la gripe y la fiebre entre otras. “Hemos descubierto que muchas de las plantas medicinales las tenemos en el patio de la casa y no le damos el valor que merecen”.
Por su parte, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha elaborado un manual de medicina ancestral garífuna para combatir el COVID-19, con el que pretenden fortalecer los cuerpos pero también propuestas políticas autónomas “que entiendan que la ciencia debe ser un bien común, público y popular”.
Y conscientes de la importancia de lo digital en esta época de confinamiento, desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos han elaborado un manual de cuidados digitales en tiempos de pandemia: 'Mantén la calma y defiende el territorio digital' donde, desde una perspectiva feminista, proporcionan claves para poder establecer una comunicación virtual segura. Porque defender el territorio digital forma también parte de defender sus vidas.