A pesar de ser uno los países con más riqueza en bienes naturales, Honduras destaca por la desigualdad en la tenencia de la tierra y el notable incremento de los proyectos extractivos. Esta situación de explotación de los recursos naturales y la concentración de tierras en pocas manos ha derivado en una necesidad de las comunidades de defender sus territorios. En 2016, Honduras fue considerado el país más mortífero del mundo para las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente (Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta, enero 2017). Entre 2015 y 2018 se produjeron al menos 31 asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Además, los ataques, desalojos forzosos, hostigamiento y criminalización de este grupo de personas defensoras siguen a la orden del día.
Dentro de este contexto es particularmente preocupante la situación de vulnerabilidad de las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. La desigualdad existente entre hombres y mujeres por el sistema patriarcal genera discriminación, opresión y violencia hacia ellas. En los últimos dos años al menos 6 han sido asesinadas. Además, entre el 2016 y el 2017,se registraron 1.232 agresiones contra mujeres defensoras, sus familias y sus organizaciones de las que un tercio estaban dirigidas hacia mujeres defensoras de la tierra y el territorio. En más de la mitad de los casos, el agresor fue un actor estatal.
Las mujeres defensoras se enfrentan a formas específicas de violencia con un fuerte componente de género. Las agresiones contra las mujeres tiene su base en el machismo enraizado en el país y frecuentemente ataca su sexualidad o los roles asignados tradicionalmente : “nos difaman, porque a nosotras nos dicen que somos unas putas, que andamos buscando marido, que somos unas irresponsables, que dejamos los hijos botados, somos estigmatizadas”, nos explica una defensora. Asimismo, la labor de defensoria para las mujeres supone una carga de trabajo que se añade a las multiples cargas patriarcales, como la responsabilidad casi única del hogar.
Ante este contexto, y de cara al tercer Examen Periódico Universal (EPU) al cual se someterá Honduras en mayo de 2020, desde PBI Honduras hemos elaborado un informe con la intención de visibilizar las violencias y riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente para evidenciar la necesidad de una respuesta diferenciada por parte del Estado hondureño para su protección.
Impunidad, la militarización y el uso excesivo de la fuerza
Ya durante el EPU 2015, Honduras aceptó recomendaciones importantes referidas a la impunidad, la militarización y el uso excesivo de la fuerza. Desde entonces hemos visto como la criminalización penal contra personas defensoras ha aumentado. Estos problemas estructurales tienen un impacto más fuerte y diferenciado en las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Así, por ejemplo, una defensora cuenta las dinamicas y efectos diferenciados de la criminalización : “yo salí manchada y mi compañero no. Él sale limpio en todo, viene a firmar, pero no está manchado. Las mujeres de mi comunidad, incluso mi familia, se burlan de mi lucha.”
Asimismo, la militarización de la seguridad pública ha creado contextos permisivos para las agresiones y acoso sexual de las fuerzas de seguridad contras las mujeres: “muchas compañeras fueron golpeadas, entonces una les contestaba y la dijeron palabrotas feas y la tocaron, la agarraron y es un acoso.” Además, las propias defensoras señalan que, ante este tipo de hechos, es casi imposible acceder a la justicia por la impunidad estructural en Honduras.
El EPU 2015 recogía otras recomendaciones enfocadas a mejorar esta situación, como la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la participación activa de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, que actualmente no están siendo implementadas para dar respuesta a la situación diferenciada de las mujeres defensoras. Así por ejemplo, los mecanismos de protección necesitan ir más allá de la protección física e incluir un enfoque preventivo y diferencial. De igual forma, las medidas, en su mayoría policiales, no responden a la realidad de las mujeres defensoras: “Aquí te ponen dos elementos policiales, y el machismo en este país está tan arraigado, y con la mentalidad de los policías quizás pueden insinuar otras cosas”.
Ante todas estas problemáticas, las mujeres defensoras denuncian la falta de oportunidades de participación para poder aportar soluciones. Incluso, por el hecho de ser mujer, se enfrentan a obstáculos estructurales que dificultan, o impiden, la plena participación: “el rol que juega la mujer en la sociedad o en la familia no es fácil porque siempre tratan de disminuirla, el hombre es el que habla, el que decide, y la mujer es la que tiene que escuchar.” Todo esto muestra la necesidad de medidas específicas para promover la participación de las mujeres defensoras y asegurar que las políticas del estado recogen un enfoque diferenciado e integral atendiendo a los problemas estructurales que enfrenta el país.