“Hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa es necesario revisar lo que está pasando en Honduras. Un país donde no hay una conflagración bélica pero lo parece. Es más seguro ser periodista de guerra que un comunicador social en Honduras, donde a cada esquina vemos que acecha el peligro”. Con estas palabras iniciaba su participación Dina Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), en el evento del pasado 3 de mayo ‘Celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa con periodistas en Honduras’.

Un evento al que, desde PBI Honduras y la Embajada de Reino Unido para Honduras y Guatemala, se invitó al cuerpo diplomático, personas periodistas y comunicadoras sociales con el objetivo de contribuir a una reflexión conjunta sobre la libertad de expresión así como colaborar en la construcción de una narrativa positiva de la labor periodística que mitigue el efecto de la criminalización.

Precisamente para ello, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), apostaron por la necesidad de elaborar políticas públicas y participativas y por llevar a cabo un enfoque diferenciado en las medida a adoptar.

Al respecto habló también el Embajador de Reino Unido, Thomas Carter, quien se refirió a una tendencia a criminalizar el trabajo de profesionales que, en la mayoría de los casos, cumplen una función social. Asimismo, recordó que “la libertad de prensa es una parte esencial de una democracia” y señaló que, desde el punto de vista de observador internacional, las barreras para el ejercicio libre del periodismo son muchas.

Precisamente las reformas del Código Penal, junto con la Ley de Secretos Oficiales y el proyecto de ley de Ciberseguridad, han hecho saltar las voces de alarma. Desde la profesión periodística consideran que suponen amplias violaciones a la libertad de prensa y de expresión al mantener como delitos la injuria y la calumnia, entre otros motivos. “Se mantienen delitos contra el honor pero se le agregan algunas modalidades de injurias diferentes como sobre el sistema financiero”, explica Edy Tábora, director ejecutivo del Comité para la Libre Expresión (C-Libre).

Tasa de 90% de impunidad

Junto a la criminalización, la preocupación mostrada por Dina Meza en su discurso va de la mano de las cifras. Entre 2001 y abril de 2019 se registró la muerte violenta de 77 personas vinculadas a los medios de comunicación, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH). Además, casi el 45% de este total perdieron la vida desde el 2014, con lo que se observa una escalada en la peligrosidad del ejercicio de esta profesión. Al incremento de ataques y la criminalización, se unen los altos índices de impunidad. Así, desde enero de 2017, el CONADEH ha recibido alrededor de un centenar de denuncias sobre acciones contra la libertad de expresión, de las cuales más del 90% permanecen en la impunidad.

Para mejorar esta situación, en el año 2015 el Congreso hondureño aprobaba la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, de donde deriva la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Protección. Sin embargo, las personas participantes del evento señalaron que todavía queda mucho por avanzar. Así, entre algunas medidas concretas, varias coincidieron en lanzar un mensaje a la comunidad internacional sobre la falta de apoyo financiero para emergencias y programas de reubicación de profesionales que se ven obligadas a salir de su hogar. Asimismo, se solicitó al cuerpo diplomático que se facilite el asilo político.

“Actuemos ahora porque mañana los cementerios tendrán muchas más tumbas con nombres de periodistas, las personas periodistas seguirán saliendo al exilio y quienes nos quedamos en el país echándole ganas a esta situación, estaremos al filo de la muerte”, concluyó Dina Meza.