El arrayán es un arbusto medicinal que tiene propiedades curativas, entre ellas la de limpiar los pulmones. También es el nombre de la aldea donde en 1983 diecisiete mujeres crearon el grupo campesino Nueva Esperanza, ubicado en el municipio de Comayagua (departamento de Comayagua). Eligieron este nombre con un fuerte valor simbólico para referirse a unas tierras nacionales* “olvidadas y maltratadas” con la intención de “sanarlas”.
“Las tierras eran el vertedero de toda Comayagua; nuestros niños y niñas vivían rodeados de moscas. Había de todo: desechos del hospital, huesos humanos, vidrios, jeringas… Recuerdo que los techos de las casas estaban hechos con desperdicios, al caminar la gente se cortaba los pies y casi no teníamos agua”, explica Isidra García Colato, presidenta del grupo campesino Nueva Esperanza. Una situación que las fundadoras del grupo trabajaron para cambiar en un contexto en el que se consideraba que las mujeres “solo servían para cocinar y parir hijos”.
Desde el principio fueron muy conscientes de la necesidad de trabajar de manera coordinada: “nos afiliamos primero a la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) y después a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Entonces solicitamos al Instituto Nacional Agrario (INA) la constancia de posesión de esta tierra, un territorio que nadie había querido habitar”. Sin embargo, lo hacían sabiendo que existía una discriminación histórica por razón de género en términos de acceso y titulación de la tierra, empezando por una discriminación legal. Las leyes agrarias previas que habían beneficiado al campesinado (en 1962 y 1975) habían invisibilizado a las mujeres campesinas, al definir que para ser dueño de una propiedad se debía “ser un hombre mayor de 16 años”. Solo en 1992, con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, la legislación contempló el registro del título de propiedad a cónyuges o parejas de hecho, abriendo nuevos espacios para las mujeres.
Pese a estos avances legales, esta inequidad en cuanto al acceso a la tierra se mantiene: en la última década, el INA entregó casi 79.000 títulos de propiedad a nivel nacional, de los cuáles solo el 37% corresponden a mujeres y en la actualidad solo el 14% de las mujeres rurales tiene un título de propiedad.
Y si el acceso a la tierra para la mujer rural es difícil, el acceso a los recursos financieros es prácticamente imposible. Por ello, una de las mayores reivindicaciones de las mujeres campesinas es la implementación del programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), aprobado por el Congreso Nacional en 2015. Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con este programa hasta la fecha.
Una larga espera
A la espera del título de las tierras o de un crédito que les permitiera acceder a las mismas, las mujeres de Nueva Esperanza, con el apoyo de la CNTC, continuaron capacitándose, aumentando sus conocimientos sobre derechos de las mujeres y dando vida a una campaña de alfabetización a nivel local. Varios años después, las tierras empezaron a dar sus frutos: “logramos tener nuestro pozo y el campo empezó a sanar; teníamos hasta mangos y ciruelas”, recuerdan las fundadoras de esta base campesina.
Sin embargo, la titulación de la tierra no llegaba. Si bien al principio las tierras parecían pertenecer al Estado hondureño tal y como consta en el expediente del INA, Isidra García explica que en 2001 aparecieron vendidas a Luis Bustillo, exdiputado y regidor en la Alcaldía de Comayagua, a través de un prestanombre. También estuvieron muy cerca de conseguir el título acogiéndose al PCM 18/2008, por el cual se ordenaba la titulación de tierras a favor de los grupos campesinos que estaban en posesión de las mismas tierras desde el año 2006 hacia atrás. No obstante, el Golpe de Estado de junio de 2009 y la “pérdida” de su expediente por parte del INA impidió que esto ocurriera. “La desaparición de nuestro expediente fue muy sospechosa. Además, el supuesto dueño se burlaba de nosotras y nos decía: ¿Cuánto tiempo han estado esperando por estas tierras? Se van a morir esperando.” Desde entonces las amenazas, agresiones e intimidaciones hacia la base Nueva Esperanza han sido constantes.
Actualmente, es muy difícil cuantificar el número de bases campesinas en una situación similar. Como evidencia CESPAD, en Honduras prevalece una estructura de la tenencia de la tierra rural que favorece a terratenientes y grandes empresas agro-exportadoras frente al pequeño campesinado. Ese enfoque empresarial se reflejó de nuevo en el PCM 030-2020 de priorización de apoyo al Sector Productor de Alimentos y Agroindustria Alimentaria y ha impedido encontrar soluciones sostenibles, dejando miles de expedientes engavetados a lo largo de muchos años.
Sin embargo, en Comayagua empiezan a ver la luz al final del túnel. Tras cuarenta años desde la fundación de la base llenos de lucha, trámites burocráticos y mucho trabajo, recientemente se han emitido los bonos agrarios para pagar a los supuestos dueños, con lo que surge otra “Nueva Esperanza”: que el terreno, finalmente, se titule a nombre de quien siempre la cuidó o de su descendencia ya que “ya somos cuatro generaciones las que hemos vivido y trabajado esta tierra”.
La inseguridad alimentaria que está por venir
La implementación de CREDIMUJER junto con el fortalecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) como ente rector del crédito para la producción agrícola y la aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria para el desarrollo rural y la soberanía alimentaria con enfoque étnico y de género (con una Mesa de Resolución de Conflictos Agrarios) son las medidas más demandadas por las organizaciones campesinas en un contexto en el que Naciones Unidas ya ha advertido de un incremento de la inseguridad alimentaria en el país. El aumento de los combustibles y el precio de los alimentos y de los insumos agrícolas, entre otros factores, podría hacer que en los próximos meses de julio y agosto, al menos 2,6 millones de personas estén en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, lo que supone casi un tercio de la población del país.
* Que no han sido legalmente tituladas por el Estado a favor de personas naturales o jurídicas, publicas o privadas.