Tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras, la magistrada Tirza Flores y los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez y Ramón Barrios, todos integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), fueron despedidos de manera arbitraria. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dictó sentencia y reconoció el papel activo que la Corte Suprema de Honduras jugó en el golpe de Estado. El presente documento tiene como objetivo llamar la atención de la comunidad internacional sobre la falta de avances en el cumplimiento de la sentencia, que vence el 10 de noviembre de 2016, un año después de haber sido notificada.