En el informe ‘No estamos pidiendo privilegios’, el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDSH) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) evalúan la implementación de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de 2020 y visibilizan las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Honduras, de cara al EPU de 2025. Este informe fue realizado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Entre las principales conclusiones se destacan las siguientes:
- En los últimos 5 años, el Estado de Honduras no ha cumplido con ninguna de las 15 recomendaciones del EPU 2020 dirigidas específicamente a la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+.
- En el periodo de 2020 a marzo de 2025, se contabilizaron por lo menos 194 muertes violentas de personas LGBTIQ+. El 10 de julio de 2020, fue asesinada la defensora trans Scarleth Cáceres, en ese entonces beneficiaria de las medidas de protección colectivas de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, otorgadas por el Sistema Nacional de Protección.
- De forma general, las agresiones más reportadas por parte de personas LGBTIQ+ son la discriminación y la amenaza verbal y/o física. El CDSH reconoce la apertura del gobierno actual para dialogar sobre la búsqueda de mayor igualdad de derechos para personas LGBTIQ+. Sin embargo y a pesar de las exigencias, no ve la voluntad para la implementación de leyes que reduzcan la discriminación en la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y otras como la Ley de Igualdad Anti-Discriminación y la Ley de Identidad de Género.
- La Policía Nacional es identificada como el principal agresor de personas LGBTIQ+. El 67% de las personas consultadas para la elaboración del informe sostienen que el trato de la Policía Nacional hacia las personas LGBTIQ+ no ha mejorado desde 2020. La capacitación al personal es considerada insuficiente, desigual y afectada por la constante rotación.
- La tasa de impunidad de crímenes cometidos contra personas LGBTIQ+ alcanzaría el 93%. Más del 50% de las personas agredidas y consultadas en el marco del informe presentaron denuncia. Quienes no interpusieron denuncias sostienen que es por temor y por no confiar en el sistema judicial. Un “Protocolo de atención diferenciada para personas LGBTIQ+ usuarias del sistema de seguridad y justicia” todavía no ha sido implementada.
- Cabe destacar que el Estado de Honduras aún no ha cumplido con varias de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Vicky Hernández y otras Vs. Honduras’, entre ellas la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, la creación de un sistema de recopilación de datos de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ y la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia.
Recomendaciones
Para el EPU 2025, el CDSH y PBI recomiendan las siguientes medidas para que el Estado de Honduras pueda avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos para personas LGBTIQ+:
1. Implementar una campaña nacional de sensibilización en medios tradicionales y comunitarios de emisión diaria, realizada y liderada por personas LGBTIQ+, para promover una cultura de respeto y no discriminación.
2. Promulgar y aprobar leyes que garanticen la igualdad y la no discriminación a personas LGBTIQ+, como la Ley de Igualdad Antidiscriminación (LIA), la Ley de Identidad de Género y la Ley de Protección Integral LGBTIQ+ y velar por el cumplimiento efectivo de la sentencia Vicky Hernández y otras sentencias de la Corte IDH.
3. Implementar el cumplimiento obligatorio de un currículo educativo sobre derechos LGBTIQ+ para el personal de instituciones públicas, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, teniendo en cuenta para su elaboración la articulación con las organizaciones LGBTIQ+.
4. Reformar el Código de Salud para garantizar el acceso a servicios de salud integrales y no discriminatorios, dejando que en el proceso de revisión y formulación participen activamente personas LGBTIQ+, personas trabajadoras sexuales, personas con VIH y otros sectores en condición de vulnerabilidad.
5. Fomentar una atención diferenciada a personas LGBTIQ+ en el sistema de salud, entre otros al aprobar la “Guía para reducir el estigma y la discriminación por orientación sexual, identidad de género, trabajo sexual y condición de VIH en los servicios de salud”.
6. Reformar y revisar el Código Penal contentivo al delito de discriminación (Art. 211, 212 y 213) e incorporar el delito por odio en el apartado de delitos contra la vida.
7. Implementar un protocolo de atención diferenciada para personas LGBTIQ+ usuarias del sistema de seguridad y justicia, garantizando que el protocolo sea validado por organizaciones LGBTIQ+.
8. Fortalecer de forma técnica y financiera la Unidad de Muerte de Víctimas Vulnerables y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida para fomentar el desarrollo de una correcta investigación y judicialización de casos.
Consulta el informe completo aquí.