“Las personas periodistas fortalecen la democracia y cumplen con la labor de informar a la ciudadanía. Así deberían contar con todos los elementos de bioseguridad necesarios para trabajar durante esta emergencia, pero eso no es así” explica la periodista y defensora de Derechos Humanos Dina Meza.
Con la llegada de la pandemia del COVID19 y la instauración del estado de excepción, las personas periodistas y comunicadoras sociales cumplen una función esencial ya que permiten que la sociedad se mantenga informada y pueda tomar decisiones plenas y libres. Si bien es cierto que, como defienden las organizaciones hondureñas, “la crisis en el país no llegó con el Coronavirus”, actualmente la necesidad de rendición de cuentas es fundamental para mitigar el virus de la desinformación. Reconocen que monitorear las respuestas del Estado y los impactos que estas tienen en la población, así como denunciar posibles violaciones de derechos humanos y abusos de poder es indispensable. En esta línea, expertos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas han recordado estos días que el Estado debe promover el derecho a “buscar, recibir y difundir información” libremente durante la pandemia del Coronavirus. Todo ello en un contexto de emergencia que exige también restricciones siguiendo unos “principios de proporcionalidad” puesto que se preserva el derecho a la vida y la salud.
Pese a este importante rol, varias personas periodistas señalan que “hablar del manejo de la pandemia en Honduras supone poner en riesgo la vida”. “En el occidente del país, durante la entrega de ayuda alimenticia algunos militares intimidan a las personas a las que no se quiere dar la provisión; y cuando algún comunicador evidencia le ilegalidad, los uniformados se enojan”, explicaron los comunicadores de la zona durante el foro virtual ‘Situación de la Libertad de Expresión en América Latina en el contexto del COVID19’.
Las personas periodistas, en riesgo
Desde el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ya han registrado, al menos, 23 ataques contra personas periodistas y comunicadoras sociales desde el inicio de la emergencia y la suspensión de garantías constitucionales. Entre otros incidentes, destacan robos de información y bloqueo de cuentas, restricciones de cobertura y detenciones por parte de las fuerzas policiales, así como acciones contra la vida de periodistas que dan cobertura a posibles vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, el pasado mes de abril la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) dio a conocer, a través de la Red de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santa Bárbara, que tres comunicadores sociales fueron agredidos físicamente y detenidos durante varias horas por parte de fuerzas policiales mientras cubrían una protesta pacífica en la que se exigía un mayor control del acceso de vehículos a las comunidades. También se les confiscó su equipo de trabajo, y se les borró toda el material “que documentaba los abusos policiales contra la población”, según la Red.
A pesar de que el último Decreto Ejecutivo (PCM-045-2020) autoriza a los medios de comunicación a desarrollar sus actividades, Roxanna Corrales de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, explica que “las personas comunicadoras sociales no estamos reconocidas. Realizamos nuestro trabajo a través de llamadas telefónicas con los líderes comunitarios, que muchas veces se ve dificultado por la mala cobertura o la falta internet”. Y es que en muchas ocasiones no se cuenta con las medidas de bioseguridad necesarias: “sobretodo con los periodistas independientes que no tienen ni para comprar mascarillas, […] algunos incluso están muriendo literalmente de hambre, ya que no tienen formas de supervivencia”, ejemplifica Dina Meza para referirse a la precariedad laboral que existe dentro del periodismo hondureño.
Por otro lado, “el acceso a la información pública es limitado, ya que todo se maneja a través de radios y cadenas nacionales”, añade la periodista de Radio Progreso Iolany Mariela Pérez. En este sentido, el 13 de mayo de 2020, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) fue denunciada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por negar información relacionada con los fondos que les han sido concedidos durante la emergencia sanitaria. Además, el diario digital Pasos de Animal Grande reporta que la verificación de la información se ve completamente limitada porque las oficinas del IAIP están cerradas y es probable que “las solicitudes de información no se resuelvan hasta que se finalice el estado de emergencia”, explica Dina Meza.
Más complicaciones con la reforma del Código Penal
Estas situaciones a las que se enfrentan quienes ejercen el periodismo visibilizan una estructuras que, según reconocen desde Naciones Unidas, antes de esta emergencia sanitaria ya eran débiles para garantizar la libertad de expresión y la protección a los periodistas. De hecho, en los últimos cinco años, al menos 21 periodistas han sido querellados y uno de ellos permanece en prisión acusado de difamacion desde hace algo más de un año. Una situación que podría complicarse más con la entrada en vigor del Nuevo Código Penal el próximo 25 de junio, que según organizaciones internacionales como Artículo 19 “criminaliza el ejercicio del periodismo, limita el derecho a la información y la libertad de expresión”.
El Consejo Nacional Anticorrupción en su estudio y análisis sobre el Decreto Legislativo identifica que con el Nuevo Código Penal se ha recurrido a la penalización para sancionar la difusión de ideas e información calificándolas de injurias y calumnias: los delitos de injuria (art. 229) podrían ser castigadas con penas que van de doscientos a quinientos días de multa si fuera con publicidad, y de cien a doscientos días en caso que sean sin publicidad. Mientras, el delito de calumnia (art. 230) tendrá penas de prisión de seis meses a un año y multa de doscientos a mil días. En definitiva, como advierten desde la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), la inclusión de estos delitos, entre otros, en el Nuevo Código Penal supone una afectación al ejercicio de la libertad de expresión. Por este motivo, apela a una revision del Codigo siguiendo“las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano”.
Salvaguardar “un ecosistema de información libre” (Declaraciones del Relator Edison Lanza en el Webinar ‘COVID-19: Como proteger los periodistas y la libertad de prensa’) empieza por reconocer a las personas periodistas y comunicadoras sociales como población vulnerable con necesidades básicas, ya que, como declara Dina Meza “algunas personas se encuentran en el dilema entre seguir trabajando o quedarse en la miseria”. Hoy más que nunca es necesario garantizar la seguridad física, jurídica y emocional de personas periodistas y comunicadoras sociales porque “la salud humana no solo depende del fácil acceso al sistema sanitario, sino también del acceso a la información precisa”.