En enero de 2021, más de 8.000 personas salieron de San Pedro Sula en dirección a Estados Unidos, huyendo de la inseguridad, pobreza e incertidumbre que se vive en Honduras; una situación intensificada por la pandemia del COVID-19 y los fuertes impactos de los huracanes Eta y Iota. En esta caravana, marchaban aproximadamente 300 personas pertenecientes al colectivo LGTBI+, de las cuales 100 eran mujeres trans. “Caminamos juntas para mitigar el acoso verbal y físico”, señalan refiriéndose a los riesgos a los que se ven expuestas durante el tránsito hacia el norte.
El informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ‘Causas de la migración forzada asociada a la violencia hacia las personas LGTBI’ identifica la inseguridad y la exclusión por orientación sexual o identidad de género como las principales razones por las que la comunidad LGTBI+ hondureña migra. Y las cifras lo demuestran. El país centroamericano tiene una de las tasas más altas de crímenes de odio y transfeminicidios en el mundo, con 388 muertes violentas entre 2009 y 2021, según datos de la Red Lésbica Catrachas. La situación es especialmente preocupante para las mujeres trans: registran más de 120 asesinatos en la última década y su esperanza de vida no supera los 35 años.
La homolesbotransfobia está tan arraigada en la sociedad hondureña que se sienten expulsadas de su propio país. “La exclusión, la pobreza, el maltrato familiar, la discriminación en el barrio, sentirme diferente… y sobre todo escuchar a la gente decir que no querían maricones en la familia… Todo eso hacía que solo pensara en irme de Honduras cuando tenía 15 años”, explica Jlo Córdoba, quien actualmente es defensora de derechos humanos y coordinadora de la colectiva de mujeres trans Muñecas de Arcoiris. Pese a esta situación, no hay estadísticas confiables sobre la migración de mujeres trans hondureñas. Una invisibilidad de esta población que se debe a que no existe una categoría relacionada a la orientación sexual o identidad de género en los instrumentos uilizados por el Instituto Nacional de Estadística de Honduras.
Riesgos en el camino
La discriminación de las mujeres trans no termina cuando salen de Honduras sino que se intensifica al pasar por México, considerado como un país de tránsito hostil. Allí se suman los altos niveles de violaciones a los derechos humanos de la población migrante en general (ataques, robos, secuestros, violencia sexual…) al hecho de que es el segundo país en América Latina donde se cometen más transfeminicidios. Además de tener que lidiar con la xenofobia, las mujeres trans están estigmatizadas durante todo el camino por identidad de género y orientación sexual. “Yo salí de Honduras con una compañera de trabajo trans. La experiencia más difícil fue viajando por México puesto que mi amiga cayó en las muelas del tren, le agarró el pie y se lo destruyó. Para mi como mujer trans, caminar por esa ruta fue difícil ya que la violencia física es permanente y el acoso sexual se presenta de muchas maneras. Como era una niña me sentía vulnerable. Esto lo recuerdo bien: tenía frío, hambre y mucho miedo”, recuerda Jlo Córdoba.
Precisamente como forma de reducir algunos de los riesgos, muchas mujeres trans deciden viajar en parejas o en grupos. Es el caso de ‘Caravana Arcoíris 17’, una medida de autoprotección ante agresores, coyotes, pandilleros y agentes de las autoridades. Sin embargo, estas iniciativas conllevan una mayor visibilidad de las mujeres trans en su proceso migratorio lo que puede aumentar su riesgo al ser más fácilmente identificadas. Además, las Casas del Migrante no siempre son un lugar seguro para ellas; todavía son pocos los albergues que prestan una atención especializada para las necesidades de protección de las personas LGBT. Además, en algunas de las Casas gestionadas por la Iglesia Católica siguen reportando discriminación. Con todo, las mujeres trans se encuentran tratando de escapar constantemente de espacios heteropatriarcales que les ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y miedo a ellas y a otras personas migrantes.
Grecia O’Hara, mujer trans defensora de derechos humanos y actual responsable de comunicaciones de Somos CDC, también relata su experiencia en su paso por México: “La policía militar y de migración me detuvieron en el trayecto de Tapachula hasta la Ciudad de México. Estuve 3 días en la celda y estar encerrada en ese lugar es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Sufrí un episodio de abuso sexual por el que definitivamente me regresé a Honduras porque allí sería más fácil obtener la profilaxis posexposición ya que solo tenía 72 horas para poder adquirirla. Yo sabía que si solicitaba asilo posiblemente me iban a dejar esperando varias semanas o incluso hasta 6 meses y eso no era una opción”.
Estados Unidos tampoco es seguro
Solicitar asilo en México o llegar ante instituciones estadounidenses tampoco garantiza mejores condiciones para las mujeres trans que deciden migrar. A pesar de que la comunidad LGTBI+ solo representa el 0,14% de las personas en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sufren el 12% de los casos de abuso sexual y físico en los centros de detención, según datos de Humans Rights Campaign.
Durante los últimos años, las mujeres trans también han denunciado acoso, agresión, maltrato y denegación de atención médica necesaria en los centros de detención oficiales. Por ejemplo en 2017, las mujeres trans fueron detenidas más del doble de la duración media de detención del todas las personas migrantes. Según Human Rights Watch, el aislamiento solitario es una práctica aplicada en mayor medida a las mujeres trans, quienes pueden estar encerradas varios meses en cárceles o centros de detención parecidos a prisiones mientras esperan que un tribunal resuelva sus solicitudes de asilo o que sean deportadas.
En 2018, Roxana Hernández, mujer hondureña trans murió mientras estaba bajo custodia del ICE en Nuevo México. Fue trasladada a diferentes centros en México e incluso pasó cinco días en una de las temidas ‘hieleras’, celdas con temperaturas extremadamente bajas. Finalmente tuvo que ser ingresada en un hospital con síntomas de neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas con VIH. Las organizaciones que acompañan a migrantes calificaron el hecho de “asesinato institucional”.
En este viaje migratorio, las mujeres trans no solo tienen que superar violencias y agresiones sino que, en el momento de solicitar asilo, se enfrentan a multitud de obstáculos legales, policiales, burocráticos y de procedimiento que las mantienen en una situación de total desprotección. De hecho, muchas mujeres trans terminan por regresa a Honduras ante la imposibilidad de avanzar en su solicitud. A parte de ser forzadas a firmar un acuerdo de detención y expulsión del país donde solicitan asilo (como la mayoría de personas migrantes que solicitan protección), también están expuestas a tratos vejatorios y negación de apoyo por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de protegerlas. “El cónsul de Honduras no llegó nunca, sino que me mandó una representante que fue bien pedante y nos trató super mal; entonces, no tuve oportunidad ninguna de quedarme. Sabía que quedándome en detención, hubiese tenido situaciones serias con mi salud por la situación que me había pasado”, explica Grecia O’Hara.
Volver al punto de partida
Las mujeres trans que se ven obligadas a volver a Honduras se encuentran con un país donde se mantiene el ciclo de violencia que les llevó a tomar la decisión de salir de su país. “Retomar a Honduras fue difícil ya que me tocó ejercer el trabajo sexual para conseguir dinero y regresar hasta Tegucigalpa”, recuerda Jlo Córdoba. De hecho, tras constatar escasos avances en los últimos años en el último Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió a Honduras en 2020, al menos 19 estados recomendaron avanzar en la protección de la comunidad LGTBI+ y contrarrestar la discriminación de este colectivo así como la alta impunidad y la falta de investigación.