Mientras esperamos los resultados finales de las elecciones en Honduras, una cosa queda clara: este momento no se trata solo de un proceso electoral, sino también de una convergencia de las múltiples crisis a las que el país se ha enfrentado desde el golpe de estado del 2009, y sobre todo en los últimos cuatro años desde el conflicto postelectoral del 2017. Las rupturas sociales que se enmarcaron en ese último proceso electoral, y que dejaron al menos 23 muertes, 60 personas heridas por las fuerzas de seguridad, así como detenciones masivas y malos tratos durante el arresto y la detención, según la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), se han profundizado al transcurso de los años.
El proceso electoral más violento en la historia hondureña
Hasta la fecha, esta polarización social se refleja en numerosos actos de violencia política en contra de candidatos, candidatas y militantes de los diferentes partidos, convirtiendo el actual proceso electoral en el más violento en la historia de Honduras. El 23 de noviembre, la OACNUDH expresó su profunda preocupación ante la violencia política, que, según su conteo, había cobrado las vidas de 29 personas. Sin embargo, según el Observatorio Nacional de Violencia, mantenido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la tasa es más alta aún, ascendiendo a 68 muertes.
La violencia política tiene un impacto directo sobre las personas que defienden los derechos humanos. De lo reportado por las ocho organizaciones sociales que han participado en talleres preparatorios facilitados por PBI Honduras, en la semana anterior a las elecciones, todas habían apreciado un aumento en los niveles de violencia contra personas defensoras en momentos claves de la campaña, como las elecciones primarias en marzo de este año, la formación de la alianza de partidos de la oposición en octubre y los momentos previos a las elecciones generales del pasado 28 de noviembre.
Comunidad LGTBI+ y mujeres, colectivos vulnerabilizados
Comunidades vulnerabilizadas, sobre todo la comunidad LGTBI+, han visto un grave aumento en su situación de riesgo, en medio de una campaña política que puso en cuestión sus derechos fundamentales. Varias organizaciones de la diversidad sexual denunciaron un “discurso de odio” realizado por el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, en la ocasión del bicentenario de la independencia hondureña, en que llamó “enemigos de la patria” a las personas que defienden los derechos de esta comunidad. El día siguiente, la Asociación LGTB Arcoiris condenó, “todo mensaje discriminativo que incite al odio y que no salvaguarda los derechos de todos y todas”. Solo 10 días después del discurso, Erika Tatiana, una mujer trans del departamento de Copán, en el montañoso occidente del país, fue asesinada por arma blanca en su apartamento. Desde el CONADEH reclamaban una investigación que “conduzca a la captura y el enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de odio”.
Estos mensajes discriminatorios también se dirigieron a las mujeres hondureñas, quienes ya están pasando por una crisis de violencia de género provocada, en parte, por el confinamiento y los impactos de la crisis sanitaria. A sólo tres días del día de votación, una marcha de mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue fuertemente reprimida por fuerzas estatales, a pesar de haber sido calificada como “pacífica” por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Una crisis múltiple
Junto a esta situación de fuerte polarización social, los impactos de la pandemia COVID-19 han contribuido a una tasa de desempleo casi dos veces más alta que en el 2019, y al aumento de la tasa de extrema pobreza de 36.7% de hogares a 53.4% sobre el mismo periodo. El país también está pasando por una crisis alimentaria, agudizada por los daños provocados por los huracanes Eta e Iota que arrasaron el país un poco más de un año atrás. Estas preocupaciones sumadas a una tenencia desigual de la tierra han contribuido a las protestas masivas del pueblo hondureño ante las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs) que se dieron en varios departamentos del país a lo largo del proceso electoral.
Según organizaciones de la sociedad civil, la respuesta por parte del Estado ante estos temas ha sido deficiente. En un contexto de varias alegaciones de corrupción en el manejo de la pandemia, y la sentencia por narcotráfico de Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, en marzo de este año, la respuesta del pueblo hondureño ha sido una histórica caída en la confianza con las instituciones del estado. Según encuestas realizadas por Latinobarómetro, la tasa de aprobación del poder judicial es de 17%, del Congreso Nacional 13%, mientras la confianza ciudadana en el presidente y los partidos políticos se queda en apenas un 9%.
Un Código Penal reformado
Esta desconfianza aumentó todavía más en el mes de octubre, cuando el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas al código penal durante una semana de festivos nacionales. Organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, expresaron su grave preocupación ante el contenido de las reformas, y la falta de transparencia en su aprobación sin un debate previo. “Las modificaciones publicadas reducen significativamente el espacio cívico, a través de la criminalización de la protesta pacífica, y limitan las posibilidades de investigación y sanción de la corrupción”, expresó Isabel Albaladejo Escribano, Representante de OACNUDH en Honduras.
Según su comunicado publicado, tres elementos de las reformas son particularmente alarmantes. Se agravaron las penas del delito de usurpación, frecuentemente citado en casos de criminalización de defensoras y defensores de la tierra y territorio, además de extender su aplicación a tomas de espacios públicos y habilitar los órdenes de desalojo aún sin control judicial, limitando así los derechos a la protesta pacífica, a la libertad de asociación, y a la libertad de expresión, entre otros. Reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos que afectan particularmente a las organizaciones de la sociedad civil que administran fondos de la cooperación internacional; una reforma que, según las Relatoría Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, podría obstaculizar las actividades financieras de la sociedad civil. También sobre las reformas a la Ley Especial de Lavado de Activos preocupan las mayores restricciones a las capacidades investigativas del Ministerio Público en casos de corrupción.
El 28 de noviembre, casi el 70% de la población hondureña decidió ejercer el sufragio. Se registraron varios incidentes durante la jornada: desde ASOPODEHU, por ejemplo, reportaron al menos 7 ataques hacia personas periodistas, de los cuales 3 fueron cometidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 2 por policía militar, 1 por activistas del Partido Nacional y otro de activistas del Partido Liberal. Independientemente de los resultados del conteo final, estas crisis y sus causas estructurales, van a requerir una respuesta integral y duradera, que apoye y no dificulta la labor de las personas defensoras de derechos humanos que luchan constantemente por un futuro mejor.